La diputada nacional Marina Salzmann puso bajo la lupa una práctica extremadamente polémica a la que recurren plataformas como Mercado Libre: el uso de datos personales para alterar el valor de los productos. “El Estado tiene que ganar capacidades para auditar los algoritmos”, aseguró.
Salzmann, miembro del Frente Renovador, habló de una discriminación algorítmica o “portación de cara digital” en las aplicaciones más utilizadas del país, entre ellas la que creó Marcos Galperín. En diálogo con LA CIELO, la especialista detalló cómo el historial de consumo de cada persona define hoy el precio que ve en pantalla.
Salzmann fue tajante al describir la situación que afecta a miles de compradores: “Es lo que nosotros un poco estamos diciendo, es la portación de cara digital. Cuando uno va a una ferretería y compra un producto y dice ‘che, me vieron la cara, me cobraron re caro’… ¿Cuál es la vidriera de precios de Mercado Libre si a cada usuario le cobran algo diferente?”.
Según la especialista, el problema radica en el uso de información privada sin previo aviso: “Si van a usar datos personales tuyos sobre tu historial de consumo para alterar el precio del producto, mínimamente te tienen que avisar”. Además, advirtió sobre la falta de transparencia en los términos y condiciones: “No está muy claro cuando uno se hace un usuario en Mercado Libre (…) que su información va a ser utilizada para tal fin”.
El algoritmo como “patrón” invisible
La denuncia también alcanzó el impacto de estas herramientas en el mercado laboral, puntualmente en apps de delivery y transporte, pero del otro lado del mostrador, es decir en su impacto sobre los derechos de los trabajadores. Al respecto introdujo la idea de manipulación salarial: “A la persona que sabían que estaba dispuesta a trabajar todo el día full time para esta empresa le bajaban el pago; bueno, ahí no hay igualdad de trato”.
Encadenada con esa situación puso a la incertidumbre del trabajador: “Ninguno de estos trabajadores sabe cuánto va a cobrar al final del día o cuánto va a cobrar en una semana, porque queda al arbitrio de la empresa”.
Auditoría estatal: el proyecto de ley
Ante este escenario, Salzmann impulsa una normativa para que el Estado pueda intervenir en la “caja negra” de las tecnológicas. “Nos parece importante que haya áreas del Estado capacitadas. El Estado tiene que, por ejemplo, tener la posibilidad de hacer pruebas y verificar si eso es cierto y verificar sobre todo que no haya sesgos de discriminación”.
Finalmente, comparó la situación local con la de otros mercados: “La Argentina está atrasadísima en este tipo de debates porque en el mundo ya se avanzó y muchísimo”, y concluyó: “Estas empresas utilizan los algoritmos, en definitiva, para terminar perjudicando a trabajadores y a consumidores, y eso es lo que tenemos que intentar proteger”.
