La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, volvió a fallar en contra de la Argentina en el millonario juicio por la expropiación de YPF y rechazó el pedido del país para suspender la entrega de acciones a los fondos demandantes. En su resolución, cuestionó duramente la actitud del Estado nacional y lo acusó de usar tácticas dilatorias para “eludir sus obligaciones”.
“El supuesto daño irreparable que alega la República se deriva directamente de sus propias acciones”, escribió Preska en el fallo, en el que señaló que el Gobierno no cumplió con las condiciones necesarias para acceder a una suspensión de la sentencia. La jueza remarcó además que, pese a haber conseguido una prórroga para facilitar la transición presidencial, no hizo ningún esfuerzo por avanzar con los requerimientos judiciales.
Mientras tanto, la administración argentina apeló ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en una estrategia que busca ganar tiempo y evitar una orden de embargo inmediato. Aunque la sentencia de primera instancia que obliga a pagar más de 16 mil millones de dólares sigue vigente, el Gobierno busca extender los plazos para preservar margen de negociación y mantener el control sobre las acciones de YPF.
El CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, advirtió sobre los riesgos de caer en desacato judicial, algo que ya ocurrió en el pasado: “La última vez que Argentina estuvo en desacato ya estábamos en default. Ahora sería diferente. Antes de que eso ocurra, entiendo que intentarán frenar el tema, si no es negociando, con algún depósito. No es debilidad sentarse a negociar, es mostrar voluntad de resolver un problema”, sostuvo.
A la par, la jueza Preska ordenó la realización de una audiencia clave para este martes 15 de julio en Nueva York, convocando a las partes para avanzar en la disputa sobre los denominados “alter ego” del Estado argentino. Entre las entidades apuntadas por los demandantes aparecen Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y el Banco Central, sobre las que se pretende acceder a información con miras a posibles embargos.
Según fuentes judiciales, los representantes legales de Argentina consideran que el fallo de Preska es inaplicable sin una ley del Congreso, y que forzar su cumplimiento implicaría una violación de la legislación nacional. Además, mencionan que ejecutar el “turnover” afectaría a terceros no involucrados, como las provincias y bonistas, y podría generar consecuencias jurídicas graves.
Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones aún no fijó fecha para tratar el fondo de la sentencia original del caso —aquella que condena al Estado argentino a pagar USD 16.099 millones—, un proceso que podría demorarse al menos hasta 2026. La defensa oficialista ya anticipó que, si no obtiene un fallo favorable, recurrirá a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En este escenario de múltiples frentes abiertos, las autoridades buscan evitar el peor desenlace: un desacato con consecuencias legales y financieras de escala global.
