En una conferencia desde Casa Rosada, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, presentó el proyecto de ley de “Inocencia Fiscal”, acompañado por el titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA), Juan Pazo, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La iniciativa busca reducir el poder de control automático del fisco sobre los contribuyentes, con la expectativa de que más argentinos blanqueen sus ahorros fuera del sistema formal.
Entre los cambios anunciados, el proyecto propone elevar significativamente los umbrales a partir de los cuales el Estado puede iniciar causas por evasión simple. “Hasta hoy en Argentina podían investigarte por evasor simple por diferencias de 1,5 millones de pesos, algo ridículo”, sostuvo Pazo, quien aseguró que, de las 7.500 causas actualmente abiertas en el fuero penal tributario, “únicamente quedarán en curso unas 200”. También se reducirá el plazo de prescripción para la determinación tributaria de cinco a tres años, siempre que las declaraciones juradas se hayan presentado en tiempo y forma.
Un nuevo régimen para blanquear sin mirar el patrimonio
La propuesta incluye además un blindaje legal para el nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, al que podrán adherir personas que deseen regularizar su situación patrimonial. Según explicó Pazo, quienes ingresen a este esquema tributarán únicamente sobre la facturación, sin importar las variaciones patrimoniales o el consumo personal. “Si una persona compra cinco departamentos, ARCA solo le cobrará ganancias por lo que haya facturado menos los consumos deducibles”, ejemplificó el funcionario.
Desde el oficialismo insisten en que la medida no busca beneficiar a evasores, sino estimular la incorporación de capitales al circuito formal. “Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando lo que debe. Los problemas impositivos se resuelven pagando”, remarcó Pazo, en línea con el espíritu del proyecto que pretende, según él, “dejar atrás el régimen persecutorio” y garantizar que “ninguna administración futura pueda perseguir a los argentinos por sus ahorros”.
Espert, por su parte, fue más enfático en el tono político y lanzó duras críticas a las provincias que todavía no firmaron el convenio de adhesión. “Queda en sus manos devolverle la libertad a los ciudadanos de sus provincias, o si quieren persistir con este sistema perverso que tanto daño le ha causado al país”, afirmó, apuntando directamente contra gobernadores como Axel Kicillof, a quien calificó de “soviético”. “El Estado les puso el arma en la mano y apretó el gatillo. El Estado es el que está en falta con los argentinos, desde hace décadas”, agregó.
El Gobierno asegura que ya hay 14 provincias que firmaron el convenio y que otras dos lo harán en los próximos días. Sin embargo, el proyecto no está exento de cuestionamientos: si bien podría facilitar la formalización de fondos que hasta ahora permanecían ocultos, también abre interrogantes sobre su posible uso para legalizar recursos de origen ilícito, en un contexto donde el Estado decide limitar sus propias capacidades de control.
“Te adherís, pagás y te despreocupás”, concluyó Pazo, resumiendo una reforma tributaria que, bajo la promesa de mayor libertad fiscal, también plantea un delicado equilibrio entre simplificación y permisividad.
