Las tensiones entre la Suprema Corte bonaerense, su Procuración General y el Poder Ejecutivo de la Provincia, no aflojan. A las advertencias por la proliferación de mecanismos que permiten el armado de causas, la falta de presupuesto y la interferencia del Gobierno en el ámbito judicial, se sumó en las últimas semanas un nuevo roce.
Fue a partir de una resolución firmada por el presidente del Máximo Tribunal bonaerense, Eduardo De Lázzari, que contiene un mensaje político que impacta cerca del procurador Julio Conte Grand y le pone mucha presión al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y al titular del SPB, Xavier Areses.
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Todo se originó cuando las autoridades del Comité Nacional para la Prevención de las Torturas detectó y denunció el caso de una mujer trans, de 36 años, portadora de HIV, que sufrió malos tratos en un penal bonaerense, que le provocaron trastornos graves e irreversibles en su estado de salud.
A “M.M.V.”, como se la identifica en el escrito, se le negó atención médica indispensable. Pero además, denunció, fue sometida a malos tratos y torturas. Incluso se la sometió al régimen de aislamiento, que deterioró más su estado general. En marzo de este año, y a raíz de esa medida disciplinaria, debió ser trasladada de urgencia al hospital San Martín de La Plata, donde se le diagnosticó un “abseso epidural por tuberculosis”.
MMV quedó paralítica y sin control de esfínteres. Por eso deberá, de manera permanente, desplazarse en silla de ruedas, utilizar pañales y llevar una sonda urinaria, según consta en el documento que firmó De Lázzari.
El caso interesó a Mario Coriolano, Defensor de Casación Penal e integrante del Comité contra la Tortura, que entrevistó a MMV en compañía de una periodista, e intervino para lograr una morigeración de pena contra la reclusa.
La afrenta de Coriolano no pasó inadvertida a ojos del poder político. El titular del SPB, Xavier Areses, le formuló una denuncia en la Secretaría de Política Criminal de la Corte, atribuyéndole al Defensor haber entrevistado a la detenida sin autorización. La presentación no prosperó en ese ámbito, pero luego recibió un impuso clave: Francisco Pont Vergés, el número dos de la procuración, la convirtió en un disparador para iniciar un expediente disciplinario contra Coriolano. Pero, además, instruyó a la Fiscalía General de La Plata a que formule denuncia penal que quedó radicada en la UFI 15 de la Capital bonaerense.
En este punto intervino la Corte, mediante su presidente, Eduardo De Lázzari, quien ordenó una serie de medidas tendiente a que todos los involucrados en el caso –el SPB, la Procuración-, se abstengan de obstaculizar la tarea de los organismos de Derechos Humanos como la CPM y el Comité contra la Tortura.
Pero además pidió al procurador Conte Grand detalles respecto de las denuncias iniciadas contra el Servicio Penitenciario por las torturas a MMV, ordenó que se le indiquen las identidades de los presuntos responsables, que se le dé cuenta del estado procesal de la víctima, y que se especifique qué medidas tomaron para que no sufra represalias.
Pero, a la vez, solicitó que se le remitan copias sobre la totalidad de la causa penal que se le formuló a Coriolano. Un mensaje tan claro para Pont Vergés y Conte Grand, que no necesitó más traducción.
El Jefe de los fiscales bonaerenses viene de una semana para el olvido. Es que formuló declaraciones en las que dio a entender que no dejará su cargo cuando termine el mandato de María Eugenia Vidal porque es “vitalicio”. El problema es que esa posición contradice lo que decía algunos meses atrás. A lo que se suma que en la oposición ven con muy malos ojos lo hecho en dos años de gestión ya que, consideran, actuó como “protector” de María Eugenia Vidal.
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