Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentó una nota dirigida el titular del Senado bonaerense, Daniel Salvador, donde impugna el pliego del actual Secretario de Política Criminal de la Procuración General, Doctor Francisco Pont Vergés, como Juez de Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.
“Tal se le hizo saber al Sr. Procurador, M.M.V habría sido víctima de actos de torturas y malos tratos perpetrados por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”, sostiene la nota presentada.
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“La mencionada es una mujer trans, de 36 años y portadora de VIH que se encontraba detenida bajo la modalidad de prisión preventiva desde septiembre del 2018. Durante su privación de libertad estuvo alojada en diversas unidades del SPB, la Alcaidía nº 1 del SPB, la Unidad N° 32 de Florencio Varela y la Unidad N° 22 de Lisandro Olmos”, agrega el escrito.
Cabe recordar, que a “M.M.V.”, como se la identifica en el escrito, se le negó atención médica indispensable. Pero además, denunció, fue sometida a malos tratos y torturas. Incluso se la sometió al régimen de aislamiento, que deterioró más su estado general. En marzo de este año, y a raíz de esa medida disciplinaria, debió ser trasladada de urgencia al hospital San Martín de La Plata, donde se le diagnosticó un “abseso epidural por tuberculosis”.
MMV quedó paralítica y sin control de esfínteres. Por eso deberá, de manera permanente, desplazarse en silla de ruedas, utilizar pañales y llevar una sonda urinaria, según consta en el documento que firmó el propio presidente de Suprema Corte Bonaerense Eduardo De Lázzari a principios de septiembre.
El caso interesó a Mario Coriolano, Defensor de Casación Penal e integrante del Comité contra la Tortura, que entrevistó a MMV en compañía de una periodista, e intervino para lograr una morigeración de pena contra la reclusa.
La afrenta de Coriolano no pasó inadvertida a ojos del poder político. El titular del SPB, Xavier Areses, le formuló una denuncia en la Secretaría de Política Criminal de la Corte, atribuyéndole al Defensor haber entrevistado a la detenida sin autorización. La presentación no prosperó en ese ámbito, pero luego recibió un impuso clave: Francisco Pont Vergés, el número dos de la procuración, la convirtió en un disparador para iniciar un expediente disciplinario contra Coriolano. Pero, además, instruyó a la Fiscalía General de La Plata a que formule denuncia penal que quedó radicada en la UFI 15 de la Capital bonaerense.
En este punto intervino la Corte, mediante su presidente, Eduardo De Lázzari, quien ordenó una serie de medidas tendiente a que todos los involucrados en el caso –el SPB, la Procuración-, se abstengan de obstaculizar la tarea de los organismos de Derechos Humanos como la CPM y el Comité contra la Tortura.
Pero además pidió al procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand detalles respecto de las denuncias iniciadas contra el Servicio Penitenciario por las torturas a MMV, ordenó que se le indiquen las identidades de los presuntos responsables, que se le dé cuenta del estado procesal de la víctima, y que se especifique qué medidas tomaron para que no sufra represalias.
Pero, a la vez, solicitó que se le remitan copias sobre la totalidad de la causa penal que se le formuló a Coriolano. Un mensaje tan claro para Pont Vergés y Conte Grand, que no necesitó más traducción.
Según el denunciante, sostiene que en la causa en la que se denunció el hecho de torturas en el mes de mayo, recién en el día de ayer se resolvió la radicación de la misma en la jurisdicción de La Plata, luego de una contienda por cuestión de competencia.
“Paralelamente, la denuncia penal y administrativa contra el Defensor de Casación, Dr. Mario Coriolano, que constituye una violación a los deberes de no obstaculización y no persecución – Ley 26.827, arts.52 y 53 – y podría constituir un intento de obstaculizar su función y de amedrentarlo, todo ello en su intervención en el caso como Defensor de Derechos Humanos”, agrega el denunciante.
Para concluir, Irrazábal sostiene que en función de los hechos relatados, desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, entienden que Pont Vergés “carece de la idoneidad y compromiso con los derechos humanos necesarios para el cargo”.
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