Por abrumadora mayoría, la Suprema Corte bonaerense le dio la razón al Procurador Julio Conte Grand en su cruzada contra el Fiscal General de Lomas, Enrique Ferrari, y ordenó su “licencia” para que avance un Jury en su contra. La resolución tuvo el voto favorable de Daniel Soria, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Torres y Luis Genoud, y contó con la disidencia de Eduardo de Lázzari.
El enfrentamiento entre el jefe de los fiscales que promocionó María Eugenia Vidal y el magistrado de Lomas escribió varios capítulos, y amontona denuncias cruzadas de todo tipo. Algunas son poco serias. En la mayoría, el tenor de los reproches que ahora avaló la Corte, refieren a procedimientos judiciales en causas que el macrismo utilizó como bandera en su cruzada judicial contra el kirchnerismo.
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El trasfondo político de tales acusaciones excede las circunstancias vinculadas a cuestiones de procedimiento penal. Incluyen, además, una serie de sucesivas notas periodísticas en las que se referencia al funcionario suspendido como el “fiscal K”. La disputa entre ambos transita caminos paralelos, y simultáneos. En tribunales, pero también en los medios.
La prensa fue también el campo en el que se substanció la disputa del propio Conte Grand, contra otro magistrado tildado de “K”, el vicepresidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini. La presión mediática que incluyó la tergiversación de la resolución que autorizó “prisiones domiciliarias” a detenidos alojados en cárceles de la Provincia, expuestos a la pandemia en situación de hacinamiento surtió efecto. Aquella vez, la Corte se apartó de su habitualidad en el rechazo de Hábeas corpus colectivos frente a sentencias no definitivas, para darle la razón –otra vez- a la Procuración.
Por acción u omisión, la Corte avaló, además, la instalación pública de sus propias resoluciones, a través del principal medio del país enfrentado sin pudor con el oficialismo, afecto a las adjetivaciones “K”. La resolución de ayer no fue la excepción. En cuestiones sensibles, las “primicias” tienen otro valor alejado de la sana competencia periodística. Le concede a quien digita el anticipo la potestad de instalar su versión. Otro síntoma de la argentina engrietada.
Las batallas entre macristas y kirchneristas se juegan, en paralelo, en la Justicia y en los medios. Con evidente insistencia, alguien se apresura a filtrar los fallos a periodistas que, llamativamente, se transformaron de la noche a la mañana en “expertos” en Judiciales de la Provincia sin haber pisado el Palacio, antes de que la Justicia los haga públicos en su panel virtual. En eso la oficina encargada de difundir los fallos es celosa en custodiar el respeto a la pluralidad. No habría que buscar al soplón por ese lado.
El círculo es claro. Fallos fundados con rigor jurídico enmarcados en la disputa política entre el macrismo y los K, donde el rol de los medios se torna funcional. Casualidades de la Justicia actual. La Procuración siempre apunta para un solo y mismo lado.
Entre las acusaciones de Conte Grand contra Ferrari que terminaron con la decisión de la Corte de licenciar al Fiscal General de Lomas, aparece un glosario de señalamientos macristas: el supuesto accionar para favorecer a un barrabrava “conocido” del ex viceministro de Justicia, Julián Álvarez; la disolución de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado que investigaba a Pablo Moyano, y maniobras de lavado de dinero en feria la Salada. En la mayoría Conte Grand tomó decisiones desautorizando a Ferrari, casualmente a tono con la posición que enarbolaba el gobierno anterior en esos mismos procesos.
La discusión sigue abierta. Pese a que resolvió a favor del pedido del Procurador, la Corte le ordenó “adoptar medidas para reestablecer el correcto funcionamiento” de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. No tuvo la misma suerte su antecesora, María del Carmen Falbo, mientras se discutía el escándalo que involucró al Fiscal General de San Isidro, Julio Novo.
Esta vez, la decisión de la Corte es que sea el propio Conte Grand quien reestablezca el orden. La anterior se involucró en la disputa. En la siempre sinuosa relación entre política y Justicia, los parecidos suelen reeditarse con pasmosa vigencia pese al paso del tiempo. A Ferrari también lo denunció públicamente la ex legisladora Elisa Carrió, la misma que fue contra Novo la vez anterior. La socia fundante de Cambiemos mantiene estrecha relación con el actual procurador desde que encabezó la avanzada contra Falbo que terminó con su entronización.
Una aclaración salomónica del Máximo Tribunal, le impuso al Ministerio Público convocar a “funcionarios más calificados, aunque se desempeñen en otros Departamentos Judiciales” para ocupar el lugar que deja vacante la licencia de Ferrari. No escapó a los cortesanos que, en esta disputa, llueven denuncias contra el adjunto Sebastián Scalera. Y una denuncia explicita del ahora separado de un plan presuntamente ungido desde la Procuración para destronarlo, con la intención de reemplazarlo por su adjunto. Contra lo que parece, la aclaración de la Corte protege al Procurador. Si designara a Scalera, su hombre de confianza en esta historia, podría complicarse solo, en caso de que las denuncias que existen en su contra terminen condenándolo.
Adicionalmente, la Corte encomendó a la Subsecretaría de Control de Gestión para que junto a la Procuración General realice un relevamiento de la aludida Fiscalía General, “dando intervención, cuando ello resulte pertinente, a la Subsecretaría de Control Disciplinario”. Era imposible obviar que las denuncias cruzadas en la Fiscalía General de ese distrito, apuntan para todos lados. Y salpican de sospechas a casi todos.
El voto en disidencia de De Lazzari, el mismo que denunció la existencia en la Justicia bonaerense de una trama de aprietes y armado de causas similar a la que opera en Comodoro Py, fue más revelador por lo que expone del fallo, que por el peso resolutivo de su votación perdidosa. Interpretó que la decisión que finalmente tomaron sus pares podría deparar “graves consecuencias para la administración de Justicia”.
A diferencia de la mayoría, de Lazzari consideró que la licencia de Ferrari “no puede abordarse fuera del contexto dado por los conflictos existentes en el seno del Ministerio Público, y las numerosas causas penales y administrativas que involucran a otros funcionarios de esa organización”.
La resolutiva del disidente que se opone a la Licencia reclamada es bastante contundente: “sostener que el pedido de licencia es autónomo e independiente del estado de cosas existentes en el Departamento, es saltar al vacío y pronunciarse prescindiendo del todo”, aseguro de Lazzari.
No parece caprichosa esa interpretación. Las disputas internas y las denuncias cruzadas, lo que de Lázzari llama el “contexto” de la actual resolución, derivaron en el pedido de Licencia que resolvió el tribunal. Parecen más que un simple contexto. En algún caso directamente fundan el pedido para apartar al fiscal. En otros términos: si a Ferrari se lo separa por actos supuestamente reñidos con la legalidad que derivaron en denuncias para que se investigue no sólo su accionar sino el de sus pares: ¿no debería haber certeza de esas imputaciones antes de avalar su alejamiento?
Para la mayoría no fue necesario. Para el voto disidente no hay dudas: se trata de una “omisión consciente del conjunto de circunstancias ponderables” y un “imprudente adelantamiento de unilateral criterio y, en definitiva, auspicio o condescendencia, aunque sea involuntariamente hacia uno de los sectores en disputa”.
En los principales órganos de conducción del Poder Judicial bonaerense se repite una lógica preocupante. La avanzada contra funcionarios claves de la administración de Justicia suele encontrar más explicaciones en la raíz política partidaria que separan a los contendientes, que en la gravedad de los hechos que entre ellos se imputan.
No se entiende, sinó, como conviven casos escandalosos de Fiscales Generales procesados, indagados y con causas por delitos de lesa humanidad elevada a juicio, sin que tramite ni una sanción administrativa en su contra, con otras en las que suele irse a fondo sin siquiera la conformación de un jurado que lo investigue. La Corte sabe de esos contrastes. Los que analizan las decisiones judiciales en clave política también. Cada cual sabrá qué lado de la grieta le incomoda más. AA
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