Al apelar los desprocesamientos de, entre otros, los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el marco de la causa de espionaje ilegal, los sindicalistas del gremio de Camioneros, Hugo y Pablo Moyano, le reclamaron a la Justicia que la causa por escuchas durante el gobierno de Mauricio Macri sea considerada como delito “lesa humanidad”.
“En virtud de la extrema gravedad de los sucesos que aquí se investigan, esta querella solicita, se evalúe la posible calificación de determinadas conductas (prisiones ilegales y tormentos o coacciones a detenidos) como de delitos de lesa humanidad”, sostuvo el abogado de los Moyano, Daniel Llermanos.
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“Poner los recursos del Estado al servicio de prácticas asociadas al espionaje ilegal y la persecución política no es una novedad. Se trata de una maquinaria que en Argentina se consolidó en tiempos de dictadura y terrorismo de Estado”, añadió en el texto el letrado que defiende en la querella de los gremialistas ante el espionaje ilegal.
Conforme figuró el documento del abogado, “actualmente se investigan innumerables hechos de inteligencia ilegal cometidos entre 2016 y 2019, que dan cuenta de la sistematicidad de estas prácticas, decididas desde las máximas autoridades de gobierno y con la participación de empresarios”.
¿Cabe la figura de “lesa humanidad”?
La legislación internacional define a la lesa humanidad como “delito en que el perjuicio (muerte, violación, desaparición, deportación, detención…) se ocasiona como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella, o por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos inaceptables”. Por ende, el objetivo de esa naturaleza de delitos -agrega la definición- es “la intención de mantener ese régimen”.
Según la defensa que querella para los Moyano, los hechos de presunto espionaje ilegal y armado de causas respondieron a “órdenes impartidas por el entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional Mauricio Macri, en la tarea ilegal de ordenar y conducir la inteligencia ilegal y el armado de causas mediante prevaricato”.
Así, Llermanos pidió la “nulidad” del fallo de la Cámara Federal porteña que desprocesó a Arribas y Majdalani y consideró que los hechos bajo investigación fueron obra de agentes marginales de la AFI que actuaron como “cuentapropistas” de la inteligencia.
“Se encuentra acreditado de manera plena que los gravísimos delitos investigados no podían de ninguna manera haberse construido sin la decisión de los máximos responsables del funcionamiento de la AFI”, insistió el escrito de apelación.
En útlimo término, resumió: “Cuando no se respetan las reglas de juego preestablecidas el acto es irregular, defectuoso y viciado, más aún cuando causan perjuicios irreparables. Si se advierte un descarrilamiento en el recto caminar del proceso o de sus actos irremediablemente es acto es nulo y deben eliminarse sus efectos”.
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