La Justicia comercial decretó la quiebra de Garbarino, una de las cadenas de electrodomésticos más emblemáticas de la Argentina, y ordenó la liquidación total de sus activos, cerrando formalmente un proceso de crisis que se extendió durante más de cinco años y que incluyó cierres de locales, conflictos laborales masivos y un intento fallido de reestructuración de su deuda.
La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, quien consideró que ya no existían alternativas viables para rescatar a la compañía. En el fallo, fechado el 4 de marzo, el magistrado señaló que la empresa no logró reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar una propuesta de pago dentro del concurso preventivo, lo que terminó por agotar la instancia de negociación y habilitó la apertura de la quiebra.
Con esta decisión, la firma pierde el control sobre todos sus bienes y patrimonio, que pasan a manos de la sindicatura designada por la Justicia. Este organismo será el encargado de administrar los activos, valuarlos y avanzar con su liquidación para intentar cancelar, en la medida de lo posible, las deudas con proveedores, trabajadores y otros acreedores involucrados en el expediente.
Entre los activos más importantes figuran dos plantas industriales ubicadas en el sur del país, además de las marcas Garbarino y Compumundo, que ahora quedarán bajo la órbita judicial. El juzgado deberá definir si estos bienes se venden o se subastan para generar recursos que permitan afrontar parte de las obligaciones pendientes.
El fallo también dispuso la inhabilitación para ejercer el comercio de las principales autoridades de la compañía: su presidente, Carlos Rosales; la vicepresidenta, María Marta Facio; y el director Gabriel Rosales. Además, los tres tienen prohibida la salida del país hasta octubre de 2026, plazo en el que se espera que la sindicatura presente el informe final sobre la situación patrimonial de la empresa.
En paralelo, la Justicia ordenó la clausura de varios locales de la cadena ubicados en puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos los de la avenida Cabildo, la calle Uruguay y el barrio de Almagro. Los establecimientos serán inspeccionados para relevar mercadería, documentación y otros activos que puedan integrar la masa de la quiebra.
De la pandemia al cierre definitivo
La crisis de Garbarino había quedado formalizada en noviembre de 2021, cuando la empresa se presentó en concurso preventivo tras un fuerte deterioro financiero y luego de despedir a más de 1800 trabajadores. Desde entonces, la compañía intentó alcanzar un acuerdo con sus acreedores para evitar la liquidación definitiva, pero ese proceso nunca logró prosperar.
Carlos Rosales, el empresario que adquirió la compañía en junio de 2020 tras comprársela a la familia fundadora, defendió su gestión y atribuyó el desenlace principalmente al contexto económico y a las restricciones aplicadas durante la pandemia. “Compramos una empresa que ya estaba profundamente en crisis. Estaba prácticamente en cesación de pagos y tenía apenas $30 millones de capital de trabajo. La adquirimos cuando nadie la quiso comprar a cambio de un peso y hacernos cargo de la deuda”, afirmó.
El empresario aseguró que su equipo había diseñado un plan de reconversión para la cadena, que incluía reducir la red de locales, de unos 140 puntos de venta a cerca de 60, y concentrar el negocio en la logística y el comercio electrónico, con el objetivo de adaptar la empresa a un modelo más eficiente.
“Refinanciamos deuda con los bancos por cerca de $500 millones, con entidades como Banco Santander y Banco Galicia, que equivalía a unos cinco o seis millones de dólares”, detalló Rosales.
Al mismo tiempo, apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández y las restricciones implementadas durante la pandemia. “La gestión venía bien, pero cuando un gobierno no tiene reglas claras, te mata. El nuevo aislamiento fue un golpe muy fuerte”, sostuvo.
Sin embargo, el cierre definitivo de la histórica cadena también reabre un debate más amplio sobre el contexto económico en el que terminó de consumarse la quiebra. Si bien el deterioro de la empresa se profundizó durante la pandemia, la liquidación judicial llega después de más de dos años de gestión de Javier Milei, en un escenario económico caracterizado por una fuerte apertura de importaciones y una marcada retracción del consumo interno.
En ese marco, distintos analistas del sector advierten que la combinación de caída de ventas, encarecimiento del financiamiento y falta de políticas de impulso a la producción nacional terminó de configurar un contexto adverso para numerosas empresas del comercio y la industria.
La quiebra de Garbarino, que durante décadas fue uno de los principales jugadores del mercado de electrodomésticos del país, se suma así a una lista creciente de compañías que en los últimos años enfrentaron reestructuraciones, cierres o despidos masivos. Un escenario que vuelve a encender interrogantes sobre el futuro del entramado productivo y del empleo formal en la Argentina.
