Por Guillermo Ruiz*
La Provincia de Buenos Aires llega a su Bicentenario. 200 años en los que gran parte de los sucesos que configuraron la Argentina actual pasaron por su territorio. Pensar ese espacio de tiempo, elegir uno, y a partir de él enfatizar la importancia de la identidad bonaerense puede no ser sencillo sin caer en un reduccionismo, o en una injusticia con otras etapas históricas de igual o mayor importancia.
Elijo pensar en las décadas de la construcción del Estado Nación, en ese tiempo post gobierno de Juan Manuel de Rosas que incluye la secesión del Estado de Buenos Aires de la Confederación Argentina, la centralización nacional con Bartolomé Mitre, la Guerra de la Triple Alianza, el resguardo de las fronteras interiores, las revoluciones políticas de 1874 y 1880, la federalización de la ciudad de Buenos Aires y, a partir de ello, la necesaria fundación de La Plata como nueva capital provincial.
Entender esa construcción del Estado Nación implica entender las disputas políticas internas del Estado provincial, las de la provincia con el Estado nacional, el problema de las fronteras interiores, y la ocupación del espacio territorial. Proceso en el cual, antes que un consenso que legitimara un nuevo orden político, prevaleció la utilización de la fuerza, la imposición de la autoridad por intermedio de la amenaza o el uso de las armas.
Ocurrió también en el marco de un desplazamiento de referencias, de un ámbito local o provincial al nacional, en una trasferencia de funciones antes ejercidas por las provincias hacia el Estado Nacional, en el que fue vital la formación de un Ejército Nacional.
En la década de 1870 hubo importantes avances en la institucionalización nacional, con un poder central más definido, que ejercía un mayor control de la violencia institucional (todavía no del monopolio legítimo de la violencia, en tanto atributo de un Estado-nación moderno), y de los instrumentos de coerción.
En la provincia de Buenos Aires a menor presencia de la Guardia Nacional en las fronteras interiores asumía mayor protagonismo en los conflictos político-militares. Así, comandantes del cuerpo desempeñaron importantes papeles en elecciones y revoluciones o pronunciamientos armados de dicha década.
Participaban en los sufragios utilizando diversos instrumentos para beneficiar a su agrupación política, sea por amenazas o movilizando hombres en los comicios. Ejemplo de ello fueron las elecciones de 1874 que enfrentaron a alsinistas y mitristas, y en las cuales cada líder de bando recorría la campaña profundizando la politización y las diferencias.
En 1879 la situación fue diferente respecto a los principales contendientes. Julio Argentino Roca había tejido una red de alianzas de carácter nacional, con el respaldo del presidente Avellaneda, el apoyo de los principales integrantes de la Liga de los Gobernadores, la obediencia de los principales jefes militares, y un prestigio en ascenso a partir del liderazgo en el ejército.
En tanto Carlos Tejedor veía fragmentado su poder provincial a partir de la disputa que provenía de partidarios del autonomismo como Del Valle, Rocha, Pellegrini, Cambaceres o Cané.
Tejedor había reorganizado la Guardia Nacional de la provincia con fines políticos y militares con comandantes que apoyaban su candidatura presidencial. En 1880 esos comandantes y esas fuerzas tuvieron un rol fundamental en la movilización de guardias nacionales para combatir en favor de la “resistencia” de Buenos Aires contra el electo presidente.
Al disolver el Congreso nacional la legislatura porteña, el 24 de agosto, Avellaneda presentó un proyecto de ley por el cual se declaraba a Buenos Aires capital de la República y se la ponía bajo control directo federal (el gobernador bonaerense lo había acicateado públicamente con que era Avellaneda un huésped suyo).
El 21 de septiembre la ley fue aprobada, y el 6 de diciembre fue promulgada por el nuevo presidente Julio Argentino Roca. Ratificada pocos días después por la legislatura porteña se concretaba así la separación de la ciudad de Buenos Aires de la provincia homónima. El electo gobernador Dardo Rocha debía instalar su gobierno y administración en otro sitio.
En mayo de 1881 dispuso que se iniciaran los estudios para determinar el lugar en que debía establecerse la nueva capital: Campana, Lomas de Ensenada, Zárate, Quilmes, Olivos y San Fernando estuvieron en la consideración. También se pensó en Mar del Plata.
Una vez elegido el Municipio de Ensenada, el gobernador envió, el 14 de marzo de 1882, el proyecto a la Legislatura Provincial en el que lo declaraba capital de la provincia. La reforma más importante previa a su aprobación se refería al nombre de la futura ciudad: el 1º de mayo de ese año finalmente se promulgó la ley declarando capital de la provincia de Buenos Aires al municipio de la Ensenada y ordenando la fundación de una ciudad que se denominaría La Plata.
*El autor es profesor de Historia y extitular de Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”
