La calma aparente en torno a las políticas de discapacidad se rompió el pasado viernes con una noticia que puso en alerta a organizaciones y prestadores. El Gobierno nacional ha decidido enviar al Congreso un proyecto de reforma que, bajo el nombre de “Ley contra el fraude de las pensiones”, promete reestructurar profundamente el sistema de prestaciones y asistencia social. Para Pablo Molero, Coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la sorpresa no fue tal. En diálogo telefónico para el programa radial “Palabras más, palabras menos” de La Cielo FM 103.5 expresó “el que pensaba que este gobierno se iba a quedar tranquilo con el tema de discapacidad se equivocaba”.
El núcleo del conflicto reside en el cambio de paradigma. El proyecto busca dar de baja la pensión por protección social creada por la ley de emergencia para volver a un esquema rígido de “incapacidad laboral”. Esta modificación técnica tiene consecuencias humanas inmediatas. Molero advierte que, bajo este criterio, los menores de edad quedarían desamparados: “A un chico no se le puede dar en realidad una pensión por incapacidad laboral porque el chico no puede trabajar; el niño está prohibido trabajar”. Según el especialista, el sistema anterior permitía una “mirada mucho más amplia” que protegía a personas con discapacidad en situación de pobreza, sin exigirles demostrar que no podían trabajar, algo absurdo para quienes, por ley o condición, ni siquiera están en el mercado laboral.
La narrativa del “país en guerra”
Para justificar este giro, el oficialismo ha instalado un discurso de sospecha generalizada sobre el crecimiento de las pensiones. Molero relata que el Gobierno utiliza argumentos que carecen de sustento académico: “Dicen una cosa absurda totalmente, poco seria; dicen que hay escritos que plantean que ni en un país con guerra hubo tanto crecimiento”. Sin embargo, al contrastar los datos, la realidad parece distinta. Si bien se habla de auditorías que detectaron irregularidades, los números no respaldarían una purga masiva. “Plantearon 80.000 pensiones mal dadas; 80.000 es un número grande, pero en 1.200.000 no llega a ser el 7%”, explica Molero, cuestionando que se use ese porcentaje para estigmatizar a todo el sistema.
Además de los beneficiarios directos, la reforma apunta al corazón del financiamiento. El proyecto busca eliminar el “arancel universal”, un sistema donde todas las obras sociales y el Estado pagan lo mismo por prestaciones en escuelas, hogares o centros de día. El temor es que ahora cada prestador deba negociar individualmente, lo que rompería la equidad del servicio. “¿Qué va a elegir un prestador si tiene 100 personas para atender y tiene un cupo de 50? Y al que le pague más. Los demás van a quedar afuera”, sentencia con crudeza.
El “muerto” a las provincias
La estrategia oficial parece ser el repliegue del Estado nacional. En foros empresariales, funcionarios han admitido que la orden del presidente es “dejar de atender servicios que le corresponden en términos de responsabilidad a las provincias, entre ellos la salud”. Molero traduce esta política de equilibrio fiscal a términos territoriales: “Yo le tiro un muerto a la provincia y le digo ‘Arreglate’. ¿Quién se queda sin atención? La gente”.
Con deudas que en algunos casos se arrastran desde octubre y aranceles que están un “40% atrasados” respecto a los costos reales, el sector ha decidido pasar a la acción. Para este miércoles se ha convocado a una movilización frente al Ministerio de Salud para exigir que se detenga lo que consideran un ataque directo a los derechos básicos. “Lo que buscan es claramente no atender a la gente”, concluye Molero, mientras el proyecto inicia su camino legislativo en un clima de máxima tensión.
