El veto total del presidente Javier Milei a la ley 27.790 que establece la emergencia para las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales a causa de las inundaciones generó una fuerte polémica ya que la norma fue votada por unanimidad en el Congreso.
Ante las críticas, desde el gobierno nacional apuntó contra “la casta” política del Congreso y defendió la ayuda que en abril el Ejecutivo brindó a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados y una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio.
“Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos” disparó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La ley había sido aprobada a comienzos de mayo y pretendía dar un alcance más amplio que lo contemplado por el DNU.
Ante la decisión del gobierno libertario, los legisladores nacionales Maximiliano Abad y Karina Banfi – uno de los sectores a cargo de la autoría de la norma- emitieron un comunicado en el que negaron que se superponga con el decreto.
La UCR insistirá con la ley para la emergencia de Bahía Blanca
Según explicaron el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad y la diputada nacional Karina Banfi “tenemos a nuestro favor la fuerza parlamentaria, los argumentos y el sentido común para sostener un marco legal fruto de un gran acuerdo multipartidario y representa una respuesta institucional ante una situación catastrófica” dijeron.
Milei en la FIT: grandes promesas y pocas soluciones para un turismo en crisis
El presidente inauguró la Feria Internacional de Turismo con un discurso escueto y triunfalista, sin políticas concretas para un sector en crisis.
“La ley no se superpone con el decreto 238/25 del Poder Ejecutivo: tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales” agregaron.
La referencia se centra en que el Fondo Especial “está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto del Gobierno Nacional” explicaron.
Además, remarcaron que la ley “contempla el control parlamentario sobre las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo. No estamos dispuestos a resignar la rendición de cuentas y la transparencia, dos aspectos centrales de la democracia representativa” manifestaron.
En esa dirección, los legisladores radicales señalaron que la emergencia en Bahía Blanca “no terminó” y recordaron “hacen falta obras y trabajo”.
“Vamos a sostener la ley 27.790 en el Congreso Nacional, porque defender la institucionalidad es la mejor manera de ayudar a Bahía Blanca” concluyeron.
