El conflicto por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sumó un capítulo explosivo este jueves. Apenas sesenta minutos después de que el Senado rechazara el Decreto 462/25 —que buscaba suprimir al organismo—, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, dictó la Resolución 1240/25 y puso en disponibilidad a 367 empleados estatales, entre ellos 286 del INTA. También quedaron alcanzados 49 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), 8 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y 97 de la Agencia de Seguridad Vial.
Como contó INFOCIELO, las “desregulaciones” del tándem Sturzenegger – Milei recibieron un duro golpe en el Senado, que convalidó los rechazos a cuatro decretos delegados y un DNU realizado por la Cámara de Diputados. Pero el gobierno no se quedó de brazos cruzados.
La resolución lleva la firma del propio Caputo y fue registrada a las 19:28, apenas una hora después de la votación parlamentaria. En sus fundamentos, el texto sostiene que los despidos son consecuencia de la “transformación” del INTA en un organismo desconcentrado, de la disolución del INASE y de la reestructuración del INV como una simple unidad organizativa bajo la órbita de Agricultura. Justamente, esas medidas habían sido rechazadas por el Congreso y frenadas por la Justicia con una cautelar.
El artículo 2° del documento agrega otro condimento polémico: “Limítase toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal” de los organismos alcanzados. En la práctica, se trata de un golpe seco que no deja márgenes de excepción.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que la medida desconoce de manera abierta la voluntad del Congreso y una cautelar de la Justicia Federal que había ordenado al Ejecutivo abstenerse de avanzar con cualquier acto administrativo vinculado al DNU. “Es un acto administrativo viciado, dictado con mala fe y al margen de la ley”, sostuvo el secretario general nacional, Rodolfo Aguiar.
Según el gremio, entre los nombres incluidos en el listado figuran delegados sindicales y trabajadores que participaron de movilizaciones y reclamos en defensa del organismo, lo que configuraría una violación a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. “Se trata de una persecución sindical abierta”, remarcaron.
Aguiar adelantó que el equipo jurídico de ATE presentará en las próximas horas un escrito ante la Justicia para frenar los despidos y no descartó definir nuevas medidas de fuerza. “Esta decisión del Gobierno es muy grave. Desafía a dos poderes del Estado, desobedece una sentencia judicial y agrava el deterioro democrático de nuestro país”, expresó.
La pulseada entre el Ejecutivo y el Congreso por el futuro de los organismos técnicos se trasladará ahora a los tribunales, en un contexto en el que Milei ya acumula choques institucionales con la Justicia y el Parlamento.
