El anuncio pasó casi inadvertido, pero sus implicancias son profundas. A través de una la la Resolución 37/2025, el Gobierno nacional autorizó la venta y tenencia de armas de guerra, lo que marca un giro en la política de control de armamento en la Argentina, que desde hace dos décadas sostenía una línea restrictiva y de desarme civil.
En paralelo, un tiroteo ocurrido en José C. Paz volvió a poner el tema en el centro de la agenda: una banda de narcotraficantes se enfrentó con la policía. Si bien la ametralladora incautada en el operativo no guarda relación directa con la reciente disposición, el episodio revela un escenario preocupante: en los barrios más castigados por la pobreza y la ausencia estatal, el poder de fuego de las bandas crece mientras las políticas públicas de control retroceden.
El operativo antidroga se realizó en el barrio El Ceibo y fue encabezado por la División Unidad Operativa Federal Tres de Febrero. Allí, tras meses de seguimiento, agentes federales detuvieron a cinco personas y secuestraron una subametralladora Uzi con dos cargadores, además de dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización.
Al respecto, Martín Angerosa, cofundador de la Red Argentina para el Desarme, en diálogo con Radio Provincia (AM 750) recordó lo ocurrido en el país vecino: “Y tenemos la experiencia de Brasil con el caso Bolsonaro, que hizo una política de liberalización del merado de armas y se multiplicaron los femicidios con este tipo de armas. Y hubo tiroteos en escuelas, en plazas”.
Cronología de un plan de liberalización anunciado
La Resolución 37/2025 del Renar, publicada en el Boletín Oficial el 4 de noviembre, reglamenta el Decreto 397/2025 firmado en junio por Javier Milei, Patricia Bullrich y Guillermo Francos, y autoriza a legítimos usuarios civiles a poseer y comprar fusiles semiautomáticos, subfusiles, carabinas y subametralladoras de asalto derivadas de armas militares.
El texto reemplaza la restricción vigente desde 1995 y establece un régimen especial con requisitos técnicos y administrativos:
- Cinco años de antigüedad como legítimo usuario;
- Ausencia de antecedentes o sanciones penales;
- Sector de guarda homologado y declaración jurada de seguridad;
- Certificaciones deportivas emitidas por entidades de tiro o competencias internacionales;
- Pago de una tasa equivalente a la de la “Tenencia Express” y la Tarjeta de Consumo de Municiones.
Según el organismo, la medida busca “ordenar y transparentar la tenencia responsable de materiales de uso condicional”. Pero para los especialistas en desarme, representa un paso más en una política sistemática de liberalización del mercado de armas, con antecedentes recientes.
Durante este año, el Gobierno ya había:
- Bajado de 21 a 18 años la edad mínima para ser legítimo usuario.
- Implementado la “tenencia express” digital, que agiliza los trámites para obtener un arma.
- Disuelto la Agencia Nacional de Materiales Controlados (AnMaC) y restituido el Renar, eliminando buena parte de las funciones de control estatal sobre la tenencia civil.
Advertencias sobre una política de alto riesgo
En ese marco, desde la Red Argentina para el Desarme, Angerosa explicó que la nueva resolución “es un eslabón más” de una secuencia que busca normalizar la portación civil: “El plan es liberar la portación de armas y lo están haciendo de a poco”.
Asimismo, cuestionó los requerimientos que establece la norma para el acceso a la compra del armamaneto: “Ahora colocan algunos requisitos para comprobar el uso deportivo, pero estamos hablando de armas que pueden disparar ráfagas de balas. No es para hacer tiro al blanco.”
Angerosa recordó que la restricción impuesta en los años noventa “fue un avance importante en materia de control” y alertó sobre los riesgos en un contexto de violencia creciente:
“Las armas que antes las organizaciones criminales tenían que ir a buscar a los cuarteles, ahora las van a buscar a la casa de civiles.”
Martín Angerosa- Red Argentina para el Desarme.
Y cerró con una advertencia sobre su potencial destructivo: “Una persona con una de estas y dos o tres cargadores puede matar a cien personas. Es un riesgo enorme para esta sociedad.”
Desde la Red Argentina para el Desarme impulsa actualmente una campaña para que el Congreso revise los decretos que revirtieron la creación de la AnMaC y restablecieron el Renar, señalando que la medida “debilita las capacidades institucionales de control”.
En ese contexto, el tiroteo en José C. Paz no es consecuencia directa de la nueva política, pero sí un reflejo del tipo de escenario en el que esta puede resultar más riesgosa y donde cada paso hacia la desregulación del mercado civil amplía la frontera de la vulnerabilidad.
