La Libertad Avanza volvió a llevar al Senado una de las principales banderas del gobierno de Javier Milei: la desregulación económica. Esta vez, el objetivo es una ley que desde hace 25 años regula la instalación de hipermercados, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución en territorio bonaerense.
El proyecto fue presentado por el senador libertario Matías de Urraza, quien propone derogar la Ley 12.573, una normativa sancionada en 2001 que estableció controles para la radicación y expansión de grandes emprendimientos comerciales.
Para el legislador libertario, la norma representa una traba para la llegada de inversiones privadas. Sin embargo, la iniciativa reabre una discusión histórica en la provincia: hasta dónde debe intervenir el Estado para proteger al comercio local frente al avance de grandes cadenas comerciales.
UNA LEY PENSADA PARA EQUILIBRAR LA CANCHA
La Ley 12.573 nació en un contexto marcado por la expansión de hipermercados y grandes superficies comerciales en distintas ciudades bonaerenses.
Su objetivo fue establecer mecanismos de evaluación previos a la instalación de estos emprendimientos para analizar su impacto económico, urbano y social sobre las comunidades donde pretendían radicarse.
Detrás de esa regulación aparecía una preocupación que todavía persiste en numerosos municipios: la capacidad de los pequeños y medianos comercios para competir con grandes cadenas que cuentan con mayores niveles de financiamiento, logística y poder de negociación.
Por eso, para sus defensores, la normativa funciona como una herramienta de resguardo para el comercio de cercanía y las economías locales.
LA APUESTA LIBERTARIA: MENOS REGULACIONES Y MÁS INVERSIONES
Desde La Libertad Avanza sostienen que la ley se transformó en una barrera burocrática que desalienta proyectos comerciales y logísticos.
“Buenos Aires concentra una parte enorme de la actividad económica argentina, pero sigue perdiendo competitividad por regulaciones que pertenecen a otra época”, argumentó De Urraza al presentar la iniciativa.
Según los cálculos difundidos por el espacio libertario, la derogación podría movilizar entre 1.500 y 4.000 millones de dólares en inversiones privadas y generar entre 85.000 y 165.000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados al comercio, la construcción, la logística y el transporte.
La propuesta apunta especialmente al desarrollo de centros logísticos, depósitos y nuevas superficies comerciales en ciudades del interior bonaerense como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Junín, Pergamino, Necochea y San Nicolás.
LA OTRA CARA DEL DEBATE
Más allá de las promesas de inversión, la iniciativa también despierta interrogantes sobre sus posibles efectos en el entramado comercial bonaerense.
Históricamente, las cámaras empresarias vinculadas al comercio minorista y los centros comerciales a cielo abierto respaldaron regulaciones de este tipo al considerar que ayudan a evitar posiciones dominantes de grandes grupos económicos y a sostener el empleo generado por pequeños comerciantes.
En ese marco, la discusión excede la instalación de un hipermercado o un centro logístico. Lo que vuelve a ponerse sobre la mesa es el modelo de desarrollo comercial que debe impulsar la provincia de Buenos Aires.
Mientras La Libertad Avanza plantea que la competencia y la inversión privada deben tener menos restricciones, otros sectores sostienen que el mercado no siempre garantiza condiciones equitativas para quienes cuentan con menor escala económica.
UNA BATALLA IDEOLÓGICA EN LA LEGISLATURA
El proyecto también expone dos visiones contrapuestas sobre el rol del Estado.
Por un lado, la mirada libertaria que busca eliminar regulaciones para facilitar inversiones y reducir controles administrativos.
Por otro, la postura de quienes consideran que determinadas herramientas son necesarias para proteger el comercio local, las pymes y las economías regionales frente al avance de grandes actores económicos.
Con ese trasfondo, la propuesta de De Urraza difícilmente se limite a una discusión técnica. En la Legislatura se perfila como un nuevo capítulo de la disputa entre el modelo de desregulación que impulsa Javier Milei y las políticas de protección económica que todavía conservan respaldo en amplios sectores políticos y productivos de la provincia.
