El derrumbe de un histórico silo dentro del predio del Puerto de Quequén volvió a poner en evidencia los problemas de infraestructura que padece una de las terminales más importantes del país, en medio de una feroz pulseada por el control comercial y político de un elevador de granos clave para las exportaciones de trigo y cebada.
La estructura, perteneciente al antiguo complejo de la ex Junta Nacional de Granos, se desmoronó durante la madrugada del martes. Si bien los daños fueron parciales y no se registraron heridos, el episodio encendió señales de alerta sobre el estado de las instalaciones y el cumplimiento efectivo de las tareas de mantenimiento y seguridad.
El hecho fue minimizado por las autoridades del Directorio del Puerto, que iniciaron una investigación pero atribuyeron inicialmente lo sucedido a la antigüedad de la estructura, que forma parte de un complejo con casi un siglo de historia, construido entre las décadas del 30 y del 40.
Desde el ente mixto también señalaron que el colapso ocurrió en un sector secundario del área operativa de la concesionaria y que no afectó el normal desarrollo de las actividades habituales de la terminal.
Sin embargo, el episodio no pasó inadvertido y recibió cuestionamientos desde distintos sectores sociales y políticos. Con intereses y diagnósticos opuestos, la Asamblea por la Soberanía del Puerto Quequén y La Libertad Avanza de Necochea solicitaron la intervención de la terminal. En el primer caso, el reclamo fue dirigido al gobierno de Axel Kicillof para que “estatice” el manejo del consorcio; en el segundo, a la gestión de Javier Milei, para que audite y asuma la administración del puerto.
Desde ambos espacios también se cuestionó el manejo posterior del incidente por parte del Consorcio, particularmente la remoción del material derrumbado durante la madrugada y sin comunicación pública sobre la realización de estudios técnicos que determinen las causas del colapso ni el eventual impacto ambiental derivado del episodio.
Un consorcio bajo prórroga y una licitación que sigue demorada
El Puerto de Quequén es considerado una de las terminales más estratégicas para las exportaciones de cereales del país. Solo en 2025 movilizó alrededor de 9 millones de toneladas y atendió a más de 370 buques.
Actualmente, el control del elevador de granos continúa en manos del grupo Terminal Quequén, una sociedad anónima integrada por ocho actores que se reparten el paquete accionario entre agroexportadoras, entidades de productores y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La concesión se mantiene bajo prórrogas precarias —la última vigente hasta junio de 2026— en medio de prolongadas demoras para abrir una nueva licitación que definirá quién administrará la terminal por los próximos 35 años.
En 2024, el inicio de la discusión desató una fuerte disputa entre los actores económicos y el gobierno de Axel Kicillof. La Provincia propuso un cupo de reserva del 30% para pequeños productores, una iniciativa que fue calificada por sectores del campo como un intento de regresar a una “Junta de Granos”.
La presión ejercida por estos sectores llevó a la gestión bonaerense a descartar ese resguardo y a reabrir la negociación de los términos del acuerdo y las condiciones del pliego, un proceso que se extendió durante meses.
La pelea política por el manejo del Directorio del Puerto
Al igual que otros puertos bajo órbita provincial, la terminal de Quequén funciona como un ente de derecho público no estatal. Se trata de organismos mixtos encargados del manejo y la explotación económica de los puertos.
Mientras el Consorcio de Gestión es la entidad jurídica pública no estatal que administra y opera el puerto, su Directorio es el órgano de gobierno y decisión.
Además de las cuestiones operativas, los directorios definen licitaciones, otorgan concesiones para elevadores de granos y autorizan permisos de uso comercial, industrial o recreativo de las terminales y muelles
La presidencia del Directorio es designada por el Gobernador. Aunque suele pasar desapercibida fuera del ámbito portuario, en la política estos espacios son altamente codiciados, no solo por el manejo de recursos económicos, sino también por la visibilidad territorial que otorgan.
No es casual que varios de quienes ocuparon esas presidencias utilizaran la gestión portuaria como plataforma para proyectarse políticamente, accediendo luego a cargos legislativos o ejecutivos, o funcionando como espacios de “reubicación” para dirigentes que finalizaban mandatos.
Desde el inicio del segundo mandato de Axel Kicillof en 2023 y hasta avanzado 2025, la presidencia del directorio estuvo a cargo de Jimena López, dirigente cercana a Sergio Massa, quien posteriormente fue electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria.
Su salida dejó una situación de acefalía y desató una fuerte disputa por el control del Consorcio entre sectores del massismo y del kicillofismo. Tras una intensa pulseada, la Provincia impulsó la designación de un presidente interino.
Por unanimidad, el directorio nombró a Mariano Carrillo, abogado y representante de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), alineado con el Movimiento Derecho al Futuro en San Vicente. Carrillo es, además, esposo de la exdiputada provincial y referente de UATRE, Natalia Sánchez Jáuregui.
La designación postergó a los candidatos del massismo, entre ellos Patricio “Pato” Hogan, exintendente de Miramar y exsubsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.
Además del presidente, el directorio se integra con otros ocho representantes de sectores clave de la actividad: la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), organizaciones sindicales, Coninagro, las cámaras de permisionarios y concesionarios, el municipio de Necochea y el Centro de Navegación.
El futuro del puerto y la incógnita de la licitación
Durante los últimos años, y en medio de permanentes tensiones, las partes trabajaron en la elaboración de un nuevo pliego de concesión bajo parámetros de licitación internacional. Las versiones más recientes indicaban que las condiciones ya estaban acordadas y que solo restaba el análisis legal de la Provincia para avanzar con el llamado.
El actual operador, Terminal Quequén, manifestó interés en continuar con la concesión, aunque no se descarta la aparición de otros oferentes. Sin embargo, fuentes que siguen de cerca las negociaciones señalan que las demoras no solo respondieron a cuestiones técnicas y administrativas, sino también al impacto político de la candidatura de Jimena López, que atravesó el proceso en pleno año electoral.
La incógnita sobre el manejo político del puerto sigue abierta: resta saber si el interinato de Mariano Carrillo derivará en una designación definitiva o si se impondrá un nuevo nombre surgido del equilibrio interno de la coalición gobernante.
Mientras esas definiciones continúan postergándose, el colapso del silo volvió a poner sobre la mesa una discusión más urgente y tangible: el estado de la infraestructura de una terminal estratégica que opera bajo concesiones prorrogadas, con decisiones clave en suspenso y con un nivel de exposición que ya dejó de ser solo político para convertirse también en una señal de alerta operativa.
