El sábado 7 de febrero, en el marco de los actos por un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo, el presidente Javier Milei encabezó una ceremonia cargada de simbolismo: entregó formalmente el sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, la unidad militar creada por el propio Libertador. El gesto, celebrado por el Gobierno como una “reparación histórica”, reavivó una polémica que excede largamente el acto protocolar y abrió un debate legal, político y patrimonial que hoy sigue en discusión en la Justicia.
El traslado del sable fue dispuesto días antes mediante un decreto presidencial, que ordenó su salida del Museo Histórico Nacional —donde se encontraba desde hace décadas— para quedar bajo custodia permanente del Regimiento de Granaderos, en Palermo. La decisión generó el rechazo de descendientes de la familia Rosas-Terrero y de sectores del ámbito cultural, que cuestionan si el Estado puede disponer libremente de la pieza o si está incumpliendo una donación histórica con condiciones específicas.
La compra del sable corvo y cómo llegó a la familia de Rosas
El sable corvo fue adquirido por José de San Martín en Londres, en 1811, poco antes de regresar al Río de la Plata. De origen oriental —posiblemente persa, con hoja de acero de Damasco—, acompañó al Libertador durante la gesta independentista y se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos materiales más poderosos de la historia nacional.
En su testamento de 1844, San Martín dispuso que el sable fuera entregado a Juan Manuel de Rosas, entonces gobernador de Buenos Aires. Lo hizo como reconocimiento a su defensa de la soberanía argentina frente a las potencias extranjeras durante los bloqueos anglo-franceses. Tras la muerte de Rosas en el exilio, en 1877, la pieza quedó en manos de su familia.
Veinte años después, en 1897, Manuela Rosas de Terrero —hija del ex gobernador— y su esposo, Máximo Terrero, decidieron donar el sable al Estado argentino. La entrega se realizó a pedido de Adolfo Carranza, fundador del Museo Histórico Nacional, y fue aceptada formalmente por el Poder Ejecutivo de la época, durante la presidencia de José Evaristo Uriburu.
El punto clave: la donación
Ahí se encuentra el nudo central del conflicto actual. La familia de Rosas ya no es dueña del sable: la propiedad pasó al Estado hace más de un siglo. La discusión no gira en torno a la titularidad, sino a las condiciones bajo las cuales se realizó esa donación.
Los descendientes de la familia Rosas-Terrero sostienen que se trató de una donación con cargo, es decir, sujeta a una condición concreta: que el sable fuera custodiado y exhibido en el Museo Histórico Nacional, como una pieza de patrimonio civil, accesible al conjunto de la sociedad. Como respaldo, señalan cartas de Manuela Rosas en las que expresaba su voluntad de que el arma pudiera ser contemplada por “el pueblo argentino”, en un ámbito museístico.
Desde esta perspectiva, el traslado a un cuartel militar implicaría un incumplimiento de esa voluntad original y podría configurar una “revocación de hecho” de la donación.
La postura del Gobierno
El Gobierno nacional sostiene una interpretación distinta. Según el Decreto 81/2026, la donación realizada en 1897 fue a la Nación Argentina en su conjunto, y no a una institución específica. Bajo esta lógica, el Museo Histórico Nacional es simplemente una dependencia del Estado, y el Poder Ejecutivo tiene la facultad de decidir cuál es el ámbito más adecuado para la custodia y preservación del bien.
El argumento oficial combina razones institucionales y de seguridad: el Regimiento de Granaderos, creado por San Martín, sería el “custodio natural” del sable, y contaría con mayores condiciones de protección para una pieza de altísimo valor simbólico e histórico.
Qué dijo la Justicia (y qué no)
En febrero de este año, luego de conocerse la decisión de la administración de Javier Milei, descendientes de la familia Rosas-Terrero presentaron una medida cautelar para frenar el traslado del sable. La Justicia, sin embargo, rechazó el planteo y habilitó al Gobierno a avanzar con la mudanza, permitiendo incluso que la pieza fuera llevada a Santa Fe para participar del acto del sábado en San Lorenzo, bajo una custodia militar inédita.
El rechazo judicial no implicó una definición sobre el fondo del conflicto. La causa sigue abierta y deberá determinar si la donación de 1897 obligaba al Estado a mantener el sable en el Museo Histórico Nacional. Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar el traslado aparece un antecedente histórico no menor: el sable fue robado en dos oportunidades, en 1963 y 1965, cuando se encontraba en el museo, episodios que el Ejecutivo utiliza para reforzar la necesidad de una custodia militar.
Mucho más que un traslado
Más allá de los tecnicismos legales, el debate toca fibras profundas de la historia argentina. ¿Debe un símbolo fundacional permanecer en un museo civil o bajo custodia militar? ¿Se trata de una restitución histórica o de una apropiación política del pasado? ¿Garantiza el traslado un mejor acceso público o, por el contrario, lo restringe?
Por ahora, el sable corvo no volverá al Museo Histórico Nacional. El plan del Ejecutivo es que quede alojado en una cápsula de seguridad dentro del ámbito del Regimiento de Granaderos, con modalidades de exhibición aún por definirse. Mientras tanto, la discusión sigue abierta y promete nuevos capítulos.
Porque, aunque nadie discute de quién es el sable, la pregunta de fondo sigue sin respuesta definitiva: qué puede y qué no hacer el Estado con uno de los símbolos más sensibles de la historia argentina.
