El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumío este martes un nuevo testimonio. Martín “Chori” Domínguez, uno de los custodios que acompañó al exfutbolista durante la internación domiciliaria en el country San Andrés, aseguró que cinco días antes de su fallecimiento el ex capitán de la Selección fue sacado del barrio privado en una camioneta junto a su sobrino Jonatan Espósito y afirmó que el neurocirujano Leopoldo Luque tenía conocimiento de esa salida.
La declaración volvió a poner bajo la lupa lo ocurrido durante los últimos días de vida del Diez, pero también recordó que la causa atraviesa un proceso judicial tan complejo como accidentado. A casi seis años de la muerte de Maradona, el debate oral todavía está lejos de una sentencia porque el primer juicio terminó derrumbándose en medio de un escándalo sin precedentes que obligó a reiniciar todo el proceso.
La causa llegó a juicio luego de una extensa investigación sobre la atención médica que recibió Maradona tras la operación por un hematoma subdural. Para la fiscalía, el exfutbolista fue sometido a una internación domiciliaria deficiente, sin los controles adecuados y con un equipo médico que incurrió en graves omisiones. Bajo esa hipótesis fueron enviados a juicio el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y la coordinadora médica Nancy Forlini. En tanto, la enfermera Dahiana Madrid será juzgada por un jurado popular en un proceso separado.
QUIEN ES QUIEN EN EL JUICIO POR MARADONA
JUICIO TRUNCO
El primer debate oral comenzó el 11 de marzo de 2025 en los tribunales de San Isidro. Durante más de dos meses declararon familiares, policías, médicos, peritos y profesionales de la salud que reconstruyeron cómo fueron los días posteriores a la cirugía y las condiciones en las que Maradona permaneció internado en la vivienda del barrio San Andrés.
Entre los testimonios más impactantes estuvieron los de Dalma y Gianinna Maradona, quienes apuntaron contra el equipo médico y cuestionaron las decisiones que derivaron en la internación domiciliaria. También declararon Verónica Ojeda, Jana Maradona, médicos que participaron del tratamiento, efectivos policiales que ingresaron a la casa tras la muerte del exfutbolista y numerosos peritos que analizaron la asistencia recibida por el paciente.
Pero cuando el juicio avanzaba y ya se habían desarrollado más de una veintena de audiencias, estalló el episodio que cambió por completo el rumbo de la causa.
Todo comenzó cuando trascendió que la jueza Julieta Makintach, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, aparecía vinculada a la realización de una serie documental llamada Justicia Divina. Poco después se conocieron imágenes, un tráiler y hasta el guion completo de la producción audiovisual, en la que la magistrada ocupaba un rol central y se mostraban escenas grabadas dentro de los tribunales, incluso durante el desarrollo del juicio.
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Las pruebas dejaron en evidencia que las filmaciones habían sido realizadas sin autorización y que el documental seguía la evolución del juicio desde la mirada de la propia jueza. La situación generó una inmediata reacción de los fiscales, las querellas y las defensas, que coincidieron en que la imparcialidad del tribunal había quedado comprometida.
Tras varios días de tensión, Makintach fue apartada del debate y sus propios colegas resolvieron declarar la nulidad absoluta del juicio. La decisión significó que todas las audiencias celebradas desde marzo, las declaraciones de más de cuarenta testigos y la prueba producida durante el debate perdieran validez, por lo que el proceso debía comenzar nuevamente con otro tribunal.
El escándalo no terminó allí. La magistrada quedó sometida a un jury de enjuiciamiento y posteriormente fue destituida por mal desempeño, mientras continuaron las investigaciones sobre su participación en la producción audiovisual que desencadenó la caída del juicio.
Con un nuevo tribunal designado, la Justicia fijó el reinicio del debate para marzo de 2026. Desde entonces, la causa volvió prácticamente a foja cero. Los fiscales tuvieron que reconstruir nuevamente toda la prueba y comenzaron otra vez las declaraciones de familiares, especialistas, médicos, policías y testigos que ya habían comparecido en el proceso anulado.
En ese contexto se desarrolló la audiencia de este martes, en la que declaró Martín Domínguez, el último jefe de la custodia de Maradona durante la internación domiciliaria.
El testigo sostuvo que el 20 de noviembre de 2020 Diego salió del country acompañado por Jonatan Espósito y afirmó que Leopoldo Luque estaba al tanto de ese movimiento. Además, recordó que mantenía un contacto permanente con el neurocirujano y relató que el 18 de noviembre el exfutbolista se negó a recibir a Luque, al médico Pedro Di Spagna, al nutricionista Luciano Spena y a sus hijas.
Su declaración se incorporó a un expediente que todavía tiene por delante decenas de testimonios antes de la etapa de alegatos. Si bien el juicio volvió a ponerse en marcha tras la nulidad provocada por el escándalo de Makintach, la expectativa de todas las partes sigue siendo la misma que hace más de cinco años: que el Tribunal determine si la muerte de Diego Armando Maradona pudo haberse evitado y si los profesionales que estaban a cargo de su salud tienen responsabilidad penal en ese desenlace.
EL OTRO JUCIO
Aunque el juicio principal concentra la mayor atención mediática, la causa por la muerte de Diego Armando Maradona se divide en dos procesos distintos. Por un lado, el debate oral que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro contra siete integrantes del equipo médico, acusados de homicidio simple con dolo eventual. En paralelo, la enfermera Dahiana Gisela Madrid transita un camino judicial diferente. La profesional solicitó ser juzgada mediante un jurado popular, un derecho contemplado por la legislación bonaerense para determinados delitos, por lo que su expediente fue separado del resto de los imputados. Esa decisión hizo que no formara parte del juicio técnico que hoy se desarrolla en San Isidro y que su situación procesal deba resolverse en un debate independiente, integrado por doce ciudadanos que deberán determinar si tuvo o no responsabilidad penal en la muerte de Maradona.
Sin embargo, ese proceso tampoco logró avanzar con normalidad. El juicio por jurados sufrió sucesivas postergaciones debido a distintos planteos de las partes, entre ellos la recusación de la jueza María Coelho, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, lo que obligó a suspender el inicio del debate hasta que un tribunal superior resolviera esa presentación. De esta manera, mientras el juicio principal continúa acumulando testimonios y pruebas con la expectativa de llegar a un veredicto antes de fin de año, la situación judicial de Madrid sigue pendiente y se resolverá en un expediente completamente separado.
