Un flyer circula hace horas en un grupo de compraventa de Florencio Varela. En él, un chico de 13 años se presenta con nombre propio y ofrece sus servicios para mover arena, limpiar fondos y patios, cortar pasto y hacer changas de esfuerzo físico. La publicación, acompañada de una foto y avalada explícitamente por su familia, pide que se lo tenga en cuenta “para trabajar y ayudar”.
El posteo representa la fotografía más reciente de un fenómeno que viene creciendo en distintos puntos del conurbano y del interior bonaerense: menores de edad ofreciéndose para trabajos informales porque la economía familiar no cierra.
Y aunque el texto que acompaña al flyer insiste en que se trata de una decisión “con apoyo familiar” y que el chico sigue estudiando, la escena vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: qué está pasando en los hogares argentinos para que un adolescente de 13 años necesite salir a buscar trabajo.
Qué dice la ley argentina
La Ley 26.390, sancionada en 2008, es categórica: está prohibido a los empleadores ocupar personas menores de dieciséis años en cualquier tipo de actividad, tenga o no fines de lucro. La norma no distingue entre trabajo remunerado y changas ocasionales: el trabajo de los menores de dieciséis años está prohibido en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea o no remunerado.
La única excepción contemplada es la empresa familiar, y aun así con límites estrictos de horario y siempre que no se trate de tareas penosas o peligrosas.
A esa ley se suma el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Argentina, que fija en 18 años la edad mínima para trabajos que puedan resultar peligrosos para la salud o la seguridad.
El país integra además la Alianza 8.7, el compromiso internacional para erradicar el trabajo infantil, y cuenta con la Ley 26.061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. En el papel, Argentina tiene uno de los marcos normativos más completos de la región. En la práctica, esa arquitectura legal choca todos los días con la necesidad económica de miles de familias.
Los números detrás de la changa
Los últimos datos oficiales sobre trabajo infantil en el país son de 2017, cuando el INDEC y el Ministerio de Trabajo realizaron la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA).
Ese relevamiento (que nunca volvió a actualizarse) ya marcaba que uno de cada diez chicos de entre 5 y 15 años participaba en alguna actividad productiva, cifra que se duplicaba en zonas rurales, y que entre los adolescentes de 13 a 17 años ascendía al 23 por ciento.
Nueve años después, sin estadística oficial actualizada, el fenómeno se mide de manera indirecta: a través de flyers como el de Florencio Varela, que se multiplican en grupos de Facebook de todo el país.
Lo que sí hay son datos frescos sobre el contexto que empuja a esas familias. Según el último informe de UNICEF Argentina, la pobreza infantil cerró 2025 en 42,3%, el nivel más bajo desde 2018, pero con una advertencia: para el primer semestre de 2026 se empieza a ver un rebote con la indigencia infantil trepando al 10,8%.
El organismo detectó además una brecha determinante: en los hogares con empleo formal la pobreza infantil afecta al 21,5%, pero esa cifra asciende al 55,2% cuando el principal ingreso familiar proviene de un trabajo informal. Ahí, en esa brecha, aparece la lógica de la changa infantil: cuando el trabajo del adulto no alcanza o no existe, la changa del chico se transforma en un ingreso más para la casa.
El ajuste como telón de fondo
El Gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de un ajuste “sin costo social” y sobre la reducción del gasto público como motor de la recuperación económica.
Dieciocho meses después de asumir, la propia UNICEF ya advertía que la mejora en los indicadores sociales de 2025 era “frágil” y que la inflación acumulada del primer cuatrimestre de 2026 ya superó lo que el Gobierno había proyectado en el Presupuesto.
La motosierra sobre subsidios, la caída del salario real, la contracción del consumo y el freno a la obra pública golpearon con más fuerza a los sectores que ya vivían del trabajo informal, precisamente el segmento donde la pobreza infantil más que duplica a la de los hogares con empleo registrado.
En ese escenario, la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar aparecen, según el propio organismo internacional, como el amortiguador que evita que la indigencia infantil sea todavía más alta: sin esas transferencias, sería seis puntos porcentuales mayor.
Son, ni más ni menos, las mismas políticas de transferencia de ingresos que el discurso oficial suele cuestionar como “gasto improductivo” o incentivo a la informalidad, y que en los hechos funcionan como la última línea de contención antes de que un hogar caiga en la necesidad de que un menor salga a buscar changas.
El caso de Florencio Varela no permite establecer una causalidad directa ni generalizar una situación familiar particular a partir de un posteo de Facebook. Pero sí funciona como síntoma de una tendencia que excede a esa familia puntual: la reaparición, en la superficie de las redes sociales, de una práctica que el país había logrado reducir de manera sostenida durante casi dos décadas y que el propio texto del flyer intenta primero desactivar como noticia y después expone sin querer.
Que un chico de 13 años deba aclarar públicamente que sigue yendo a la escuela y que no le está sacando el trabajo a nadie, para poder ofrecer su fuerza física a cambio de unos pesos, dice menos sobre esa familia que sobre el país que la rodea.
La naturalización del trabajo infantil no se decreta desde un ministerio: se cuela, changa a changa, cuando el ingreso de los adultos deja de alcanzar.
