La provincia de Buenos Aires dio a conocer un comunicado con el que rechazó de plano las acusaciones contra funcionarios de Axel Kicillof realizadas por fondos buitre por presuntas operaciones ilegales con dinero en negro y cuestionó el accionar del diario porteño “La Nación” por reproducir las acusaciones sin hacer el habitual chequeo de fuentes con todas las partes del conflicto.
A través de un comunicado, los afectados por la denuncia de bonistas que no aceptaron un canje de deuda con la provincia- “desmienten categóricamente tener relación con operaciones ilícitas”. Entre los funcionarios mencionados en una nota, que lleva la firma del periodista Carlos Pagni, se alude a Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas, Matías García, director de Aguas Bonaerenses SA, y la abogada Ana María Bazán.
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La denuncia también al Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, quien en sus redes sociales desmintió las acusaciones.
“Burdo y desesperado intento de intervenir en el proceso electoral”
Desde el gobierno de Axel Kicillof explicaron que las acusaciones tomadas por el diario contra funcionarios provinciales fueron realizadas por uno de los abogados de un fondo buitre, “en el contexto del litigio que mantienen luego de no aceptar el canje de deuda ofrecido por la Provincia”. La explicación se emparenta a la dada por el gobernador luego del fallo negativo contra la Argentina por la estatización de YPF en la que habló de “tufillo electoral”.
“Se trata de un escrito donde los fondos buitre exigen respuestas a entidades financieras norteamericanas sobre un pedido de información (“Discovery”) que se inició en el mes de marzo de este año. Esta coincidencia temporal, donde una nota periodística se publica simultáneamente con una presentación en la justicia de Nueva York, constituye un burdo intento, ya desesperado, de intervenir en el proceso electoral desde el extranjero junto con medios locales” denunciaron.
Según los fondos buitre, habría “sospechas” sobre el accionar de funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. “Las personas mencionadas desmienten categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan. Es por eso que todos los damnificados están presentando acciones legales para exigir que se aclare la situación y se repare el daño ocasionado” replicaron.
Por su parte, la Provincia, a través de sus abogados, presentará a la brevedad “una queja formal ante el tribunal estadounidense, para cuestionar las acusaciones de los buitres y denunciar la mala fe en el uso de la información, con el claro objetivo de interferir en el proceso democrático de nuestro país”.
Por último, desde el gobierno bonaerense aseguraron que “ninguno de los funcionarios mencionados en la nota periodística, ni tampoco el Gobierno de la Provincia, fueron consultados al respecto antes de la publicación, contradiciendo una de las más difundidas (y sensatas) prácticas del ejercicio de la profesión: el chequeo con fuentes” concluyeron.
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