Un recurso extraordinario ante Corte Suprema de la Nación fue presentado en las últimas horas con el fin de anular el sobreseimiento de Javier Iguacel, exdirector de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, quien estaba señalado por ejercer “abuso de autoridad” contra una empresa constructora.
El planteo fue realizado por el titular de la Fiscalía N°4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De Luca contra la confirmación del sobreseimiento por “prescripción de la acción penal” que había sido dispuesto en primera instancia por el Juzgado Federal N°6 porteño.
La denuncia contra el exintendente de Capitán Sarmiento y otros exfuncionarios de Vialidad se centraban en una serie de decisiones tomadas entre 2016 y 2018 contra la empresa constructora CPC SA, perteneciente al Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López.
Entre las maniobras se incluyen presuntas acciones administrativas para dar de baja “una serie de contratos de obra pública, imponerles sanciones arbitrarias e imputarles incumplimientos”, reseña el sitio oficial Fiscales.Org.
Los fundamentos del fiscal para pedir la anulación del sobreseimiento de Javier Iguacel
En la presentación que deberá analizar la Corte Suprema, el representante del Ministerio Público consideró que el sobreseimiento presentaba defectos de fundamentación y que había omitido tratar la cuestión de fondo.
De Luca sostuvo que fue arbitrario el rechazo al recurso formulado por el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones con el argumento de que el fiscal de primera instancia no había recurrido la decisión del juez de instrucción. “Carece de relevancia si alguno de los fiscales en las etapas anteriores no mantuvo los agravios en algún tramo, porque la de la extinción de las acciones penales es una cuestión de orden público, discutible de oficio y de prioritario tratamiento en cualquier instancia donde se plantee”, señaló De Luca.
Por otro lado, remarcó que, al momento de ponderar el curso de la prescripción se adoptó el plazo del tipo penal más leve para las conductas objeto de investigación. “Se resolvió la extinción de la acción penal por prescripción por calificaciones legales, sin tener en cuenta el posible encuadre de los mismos hechos bajo figuras penales más graves, tal como había señalado el acusador particular”, indicó el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación.
El fiscal advirtió que el delito de abuso de autoridad, era una calificación provisoria, sin perjuicio de otras conductas más graves que pudieran establecerse, como “defraudación en perjuicio de la administración pública, peculado y asociación ilícita” indicó.
