Las fuerzas federales de seguridad también sufren el achicamiento del Estado que impulsa Javier Milei desde su llegada a Casa Rosada. Esta semana le tocó a Prefectura Naval y, casualmente o no, a parte de su infraestructura emplazada en municipios de la provincia de Buenos Aires. La situación de Escobar y de Pinamar.
El escándalo empezó en el distrito ubicado en el norte del conurbano bonaerense y que gobierna Ariel Sujarchuk. El propio intendente fue quien denunció, ayer en redes sociales, que el Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich cerró la División de Seguridad Ciudadana que Prefectura tenía en Escobar. Para el alcalde fue una decisión “sorpresiva, inconsulta, intempestiva y unilateral” que “afecta gravemente a nuestro municipio”.
Según pudo saber este medio, la oficina en cuestión tenía 75 efectivos y móviles. Funcionaba desde 2016 y estaba abocada a patrullar el distrito “cubriendo puntos estratégicos y trabajando en articulación con la Policía Bonaerense y las fuerzas municipales”, explicó Sujarchuk. Desde ayer, la división no tiene agentes y sus oficinas, cuyo alquiler paga el municipio, están vacías.
Mientras las autoridades escobarenses piden que se revea la decisión, este miércoles se oficializó un nuevo embate del Plan Motosierra en la Prefectura. La medida fue oficializada con la Resolución 78/25 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y afecta al distrito costero de Pinamar.
En rigor, la fuerza de seguridad se desprendió de un terreno de más de 3.400 metros cuadrados ubicado a 100 metros del mar. El predio, que según un informe de la Dirección de Despliegue Territorial está “limpio, desocupado, sin uso y con una pequeña construcción abandonada”, había sido traspasado a Prefectura Naval en 2023 para construir una unidad operativa.
Sin embargo, a fines de julio la cartera de Patricia Bullrich informó que “resulta innecesario” y lo puso a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado “para los fines que estime pertinentes”. Cabe recordar que el organismo que hoy lidera Nicolás Pakgojz se propuso vender más de 300 inmuebles del Estado nacional y este de Pinamar podría sumarse a la lista.
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