Una de las imágenes del trágico choque frontal que se produjo este martes a la altura del kilómetro 132 en la Ruta Nacional 3 es contundente. Sobre la calzada mal señalizada, un micro y un camión totalmente destrozados. Al lado, la tierra alisada para una obra vial que, en el último año, avanza a paso de hormiga.
El análisis debe inscribirse sobre una deuda histórica de una autovía que ya tiene capas geológicas. Fue Mauricio Macri quien dijo tener la solución al retraso de los trabajos en tiempos kirchneristas con las PPP, un total fracaso.
El gobierno de Alberto Fernández pudo desmontar contratos muy desfavorables para el estado nacional y volver a licitar los pliegos. Incluso mostró avances importantes entre 2022 y 2023 pero quedó lejos de la conclusión de la megaobra.
Lo que siguió fue peor. Javier Milei puso fin a la obra pública y decidió no continuar la mayoría de los trabajos en las rutas, ni siquiera los más elementales, a la espera de que el sector privado se haga cargo de las inversiones, en un país con condiciones políticas y contractuales cambiantes.
El sector del accidente de este martes es uno de los pocos que mantiene una mínima ejecución de los trabajos – con financiamiento internacional- en un contexto de paralización casi total que llegó con la motosierra libertaria.
El ajuste feroz se produce incluso con el sostén del Impuesto a los Combustibles, un tributo que estado nacional sigue cobrando pero que subjejecuta con fondos mucho menores a los que está obligado por ley a destinar en obras de infraestructura.
El sector del fatal accidente forma parte de un tramo de 26 kilómetros que va desde San Miguel del Monte hasta Gorchs.
Aunque mostró un avance del 35% entre 2022 y 2023 y fue anunciada su continuidad en febrero de 2025 por Vialidad Nacional, no hubo grandes adelantos más allá de movimientos de suelo y tareas menores.
El proyecto inicial incluye la construcción de 5 distribuidores, 5 puentes, carriles más anchos y banquinas externas e internas.
La realidad muestra que hasta los intendentes de la zona tuvieron incluso que salir a cortar el pasto ante la falta de mantenimiento.
Por el abandono de las rutas nacionales, los intendentes y la provincia fueron a la Justicia
El abandono y la desidia se multiplica a lo largo y ancho de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires.
Los reclamos surgen de los municipios atravesados por la Ruta Nacional 3: La Matanza, Cañuelas, San Miguel del Monte, Las Flores, Azul, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chavez, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Carmen de Patagones.-
De los atravesados por la Ruta Nacional 5: Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen; Pellegrini.-
Y de aquellos por los que pasa la Ruta Nacional 7: San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Chacabuco, Junín, Luján.
En febrero de 2025, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis y 20 intendentes bonaerenses demandaron al gobierno de Javier Milei por el abandono de las rutas nacionales.
En un extenso documento de 45 páginas, enumeran varios argumentos para justificar la legitimación como demandantes como “usuarios afectados” de la red vial y así como por ser representantes de su grupo social que comprenden “los usuarios que habitan el territorio”.
La presentación está dirigida al Estado nacional como “fiduciante” en referencia al Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte” que se nutre de recursos obre los recursos obtenidos con el impuesto a los Combustibles y el Impuesto País.
También accionan contra el Banco de la Nación “en su condición de fiduciario del fideicomiso”, el ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
Por último, la demanda alcanza a la empresa estatal Corredores Viales “beneficiaria y receptoras de fondos SISVIAL (red vial) y “responsable del mantenimiento y ejecución de obras en rutas nacionales”.
Subejecución” y “Apropiación de Fondos afectados a Obras de Infraestructura” por parte del Gobierno Nacional
Tanto el Impuesto a los Combustibles como el impuesto PAIS – que se cobró hasta su eliminación a mediados de 2025- tienen establecido, por las leyes que los crearon, que un porcentaje de su recaudación sea afectado con destino específico a obras de infraestructura.
Según los denunciantes, “pese a que el Gobierno Nacional los recaudó, jamás los afectó al financiamiento de las mismas” sino que gran parte de los fondos “terminaron en las cuentas generales del Tesoro Nacional”.
El impuesto a los combustibles durante el 2024 tuvo una recaudación que superó los $2,52 billones con una variación interanual de 378,9% respecto del 2023.
“Descontando la inflación, esto se corresponde con un crecimiento del 34% respecto al acumulado en 2023” graficaban en aquel entonces.
Sobre el total, el 28,58% de lo recaudado debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.
En 2024, este fondo recibió unos $349,13 mil millones, a valores constantes de diciembre de 2024, que debieron haberse destinado a continuar las obras viales en ejecución y a garantizar el mantenimiento en la red vial nacional.
Sin embargo, a lo largo del 2024, “sólo se transfirieron y ejecutaron $149 mil millones, menos de la mitad.
“Esta subejecución se explica por el abandono por parte del Gobierno Nacional de la obra pública en general, y de las obras viales de las rutas nacionales” explicaron.
Sobre el Impuesto País la ley establecía que el 19,5% de su recaudación debía destinarse a obras de Infraestructura Económica. Mediante el Decreto N° 193/24, dicho porcentaje se incrementó al 28,2%.
De acuerdo a los datos oficiales de ARCA, durante el 2024 el Impuesto País recaudó unos $ 6,27 billones con una variación nominal de 315,3% respecto del 2023.
Del total de lo recaudado con afectación específica a la Secretaría de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad, solo se ejecutaron $38,77 mil millones en 2024
