Tras semanas de debate, la Cámara de Diputados trata el proyecto de ley que busca limpiar los impuestos provinciales de las boletas de servicios públicos, con la intención de morigerar el impacto sobre el bolsillo de los consumidores.
Se trata de una iniciativa consensuada entre el oficialismo y algunos bloques de la oposición -especialmente el Frente Renovador y el PJ de los intendentes- que rescata una idea original de María Eugenia Vidal, a la que se le añade un condimento que impide que se desfinancie a los municipios.
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El acuerdo al que se arribó lleva a 0 la parte de la boleta que queda en las arcas municipales, antes fijada en 6 por ciento y que suplía las tasas que las empresas hubieran tenido que pagar en distintos conceptos como uso de espacio aéreo o Seguridad e Higiene y que la nueva redacción les permite volver a cobrar.
Ahora, establece el proyecto, “cada municipio podrá aplicar a la distribuidora correspondiente, conforme a la normativa local, todo gravamen o derecho municipal que corresponda” sin excederse del 6 por ciento establecido en la vieja ley, y tienen prohibido cobrar por actividades o servicios “no vinculados” a la actividad. El mismo criterio se usa para las boletas de agua.
La oposición más dura, que quedó fuera de la negociación, asegura que mejor que llevar a 0 el porcentaje es derogar el impuesto, habida cuenta de que, en la redacción actual, se proyecta la sombra de la “doble imposición” y la posibilidad de que las distribuidoras judicialicen los reclamos de los municipios que pretendan cobrarles las tasas.
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