En una economía de dientes apretados, los intendentes de la provincia de Buenos Aires tienen una cuota de alivio en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal. Se trata de un fondo previsto en el presupuesto de este año financiado por el gobierno bonaerense. Hoy se definió la letra chica y está todo listo para que empiecen los desembolsos.
Este jueves, con la Resolución 231/26, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aprobó el modelo de convenio que deben firmar los intendentes para adherir al fondo. Esta adhesión debe que cumplir una serie de requisitos incluyendo auditorías, rendición de cuentas y la documentación de la obra a realizar.
“La Dirección Provincial de Infraestructura Municipal tendrá la facultad de verificar la correcta inversión de los fondos conforme a la finalidad para la que fueron otorgados“, dice uno de los artículos de la norma publicada en el Boletín Oficial. La cartera que dirige Gabriel Katopodis también se reservó la posibilidad de corroborar que el proyecto presentado por el municipio responda “a las necesidades de la Provincia en materia de infraestructura”.
Cumplidas las exigencias, los gobiernos locales se van a hacer de los recursos en tres partes. El primero está disponible a partir del 30 de abril, una vez que se firmen los convenios necesarios. El segundo desembolso será a partir del 31 de agosto, pero requerirá de un avance de obra “no inferior al 20%”, según la normativa.
Por último, la tercera parte llegará a las arcas municipales a partir del 30 de noviembre “contra la acreditación de un avance de obra superior al 60%”. A su vez, en un plazo no mayor a 60 días corridos desde la llegada de estos fondos, “el Municipio deberá presentar la rendición final“.
De esta manera, el gobierno de Axel Kicillof busca asegurarse de que los recursos vayan a obras relevantes, según su propio criterio, y que se hagan en tiempo y forma. A todo esto, varios intendentes bonaerenses le están pidiendo a la Legislatura que modifique la ley de presupuesto para que los fondos provinciales sean de libre disponibilidad. Al menos aquellos correspondientes al endeudamiento.
