El gobierno nacional ya envió al Senado el proyecto para el nuevo Código Penal que se discutirá este año, con pocas pero sustanciales modificaciones.
Si bien el proyecto no realiza una reestructuración del viejo Código que data de 1921, sí se plantean artículos que apuntan al espíritu que hoy encarna Cambiemos: mayor control en las calles, más penas para las protestas violentas, así como para los delitos comunes, extradición de inmigrantes y la lucha contra el narcotráfico.
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También, aunque no lo contemplará el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, se apuntará a bajar la edad de imputabilidad a 15 años.
Por su parte, el Código tendrá una polémica especial: pese a que el presidente Mauricio Macri se jactó de haber dado un “gran debate” en torno a la legalización del aborto, en el documento que redactó el gobierno no solo se contemplará que el aborto siga siendo una práctica penalizada, sino que se restringirá su acceso a partir de lo que dicta el viejo Código, es decir en casos de violación.
ENDURECIMIENTO DE PENAS
Si algo le da cierto crédito al gobierno de Macri, pese al amplio rechazo que genera en otro sector de la población, son sus políticas de mano dura hacia la delincuencia. En ese sentido, la denominada “Doctrina Chocobar” dejó de ser una metáfora para convertirse en realidad.
En el proyecto que el Ejecutivo envió al Senado –y del cual se especula que recién el año que viene podría tener una sanción- se elevaron las penas para robos, delitos, inmigrantes ilegales y también para la protesta social.
En uno de sus artículos, incluso, se especifica que no será punible el uso de armas en las actuaciones preventivas. Es decir, que las fuerzas de seguridad podrán disparar para prevenir, a riesgo de que la persona no represente una real amenaza.
Ese punto va de la mano con la resolución 956 del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que habilitó a las fuerzas a disparar por la espalda, en posibles intentos de fuga.
A su vez, puntualizó penas para los reincidentes, que podrían ir hasta 40 años incluso para casos de “delito de hurto”. En la misma línea, el proyecto del Código Penal de Cambiemos, buscará que las protestas sociales tengan penas de cárcel en caso de agresión.
En su artículo 15, el proyecto formaliza delitos de hasta tres años de prisión para aquellos manifestantes que arrojen elementos contundentes a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en el mismo punto no se especifican penas para los policías que ejerzan abuso de autoridad o el denominado “gatillo fácil”.
ABORTO
La legislación que plantea el gobierno terminará siendo aún más retrograda que la ley vigente que data de 1921. Pese al guiño que el macrismo le había hecho al debate por la legalización del aborto, el nuevo Código penalizará las interrupciones de embarazo, incluso en casos de violación.
Algo que va en contra de lo expuesto en el viejo Código y contra la interpretación que dio la Corte Suprema en el paradigmático fallo FAL.
En el Código de Cambiemos, la mujer que aborte podría tener una condena de uno a tres años de prisión y el juez podría eximirla o dejar en suspenso la condena. En el mismo punto, la legislación que preparó el gobierno creó la figura del “aborto culposo” (en casos de negligencia), profundizando las presiones y penas hacia los profesionales de la salud que practiquen un aborto.
La contradicción del gobierno sería a consecuencia de una fuerte discusión a las internas de Cambiemos, en donde un gran sector se habría opuesto fervientemente a que el nuevo Código avance en leyes permisivas para la interrupción legal del embarazo.
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