La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) reunió ayer a los secretarios generales de sindicatos docentes de todo el país. El plenario sirvió para analizar la situación actual, signada por el conflicto con el Gobierno Nacional de Javier Milei, y pensar en los próximos pasos. Se viene un paro.
Aunque sin fecha confirmada, el SUTEBA que conduce Roberto Baradel confirmó que ayer “el plenario de secretarios generales de CTERA resolvió convocar a un paro nacional docente“. El día de la protesta aún no se sabe y va a depender de lo que definan “junto a las demás organizaciones docentes nacionales”. Paralelamente, también van a impulsar “nuevas acciones de visibilización y movilización en todo el país” a partir del 6 de octubre.
Las consignas de esta iniciativa van a ser principalmente dirigidas a la administración libertaria. Los gremios vienen pidiendo la convocatoria a la paritaria nacional docente y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), entre otras cosas que dependen exclusivamente de Nación.
Sin embargo, también hay algunos planteos a nivel provincial que no necesariamente se canalizan por las vías sindicales. Casualmente, mientras la CTERA hacía su reunión de secretarios generales, una comitiva de la agrupación Multicolor del SUTEBA, que está enfrentada a la conducción de Baradel, se presentó en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) para entregar una notificación judicial.
Según contaron los dirigentes sindicales disidentes, su objetivo era presentar ante las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires una medida cautelar dictada por la Justicia en defensa del derecho a huelga. “Estamos pidiendo que notifiquen a todos los servicios educativos de la Provincia que el derecho a huelga está garantizado“, expresaron.
La polémica que terminó en tribunales surgió porque hubo docentes a los que les pusieron faltas injustificadas y les descontaron parte del sueldo por adherir a paros o movilizaciones convocados por la agrupación Multicolor del SUTEBA. Según el gobierno bonaerense esas medidas de fuerza no son legales porque la organización en cuestión no maneja el sindicato (solo algunas seccionales) y por ende no tiene competencia para llamar a un paro provincial.
Por lo pronto, la facción disidente criticó a la cartera que lidera Alberto Sileoni por no recibirles el documento. “Vamos a evaluar si corresponde una intimación”, avisaron ayer.
