La Federación Argentina de Cardiología (FAC) advirtió sobre las graves consecuencias que puede tener la desarticulación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una política sanitaria clave que permitió reducir de manera sostenida la mortalidad infantil asociada a enfermedades cardíacas congénitas en todo el país.
“El Estado Nacional desarticuló el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas dejando sin asistencia a niños, niñas y embarazadas que requieren una rápida atención”, señaló la FAC, al cuestionar la decisión adoptada en el marco de la aplicación del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger del gobierno de Javier Milei.
En la Argentina nacen cada año alrededor de 7.000 niños con cardiopatías congénitas, y cerca del 50% requiere cirugía en el primer año de vida. En ese sentido, la entidad remarcó que “desde la creación del PNCC en el año 2008, la mortalidad por estas causas se redujo drásticamente gracias a la red de derivación federal que el Estado nacional coordina”.
Según explicó la Federación, el programa “buscó una forma de financiación para solucionar la demanda de las cardiopatías congénitas y crear una red de centros de diferentes complejidades para poder asistir a los pacientes, disminuir la espera y reducir la morbimortalidad infantil”. Ese esquema permitió articular 15 centros categorizados, que recibían pacientes de cualquier provincia mediante el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA).
“El programa, a través de sus coordinadores nacionales, verificaba la gravedad de cada caso y buscaba el centro más adecuado para su atención”, detalló la FAC. Como resultado, “se realizaron alrededor de 800 procedimientos quirúrgicos por año y se recibieron más de 6.000 notificaciones en el mismo período”, además de incorporar con el tiempo la atención de embarazadas y el diagnóstico de cardiopatías fetales.
La entidad también recordó que en 2023 se sancionó la Ley Integral de Atención del Paciente Cardiópata, reglamentada por el decreto 559/2023, que “contempló la detección prenatal estableciendo la obligatoriedad de la ecocardiografía fetal como práctica de rutina en los controles prenatales”, junto con el traslado intrauterino a centros especializados y la creación de un registro nacional. Esa ley, vale la pena recordar, fue votada negativamente por el presidente Javier Milei, que entonces era diputado.
“Como resultado de la aplicación de este modelo se redujo la mortalidad infantil, se fortaleció el trabajo en red y se potenció la formación de recursos humanos”, subrayó la FAC, al tiempo que destacó que los resultados “fueron contundentes y sostenidos en el tiempo, transformándose en un modelo para otros países y presentado como ejemplo por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo”.
Finalmente, la Federación alertó que “las desvinculaciones de profesionales especializados atentan contra la continuidad del equipo técnico del programa y con ello se pierde la experiencia acumulada durante estos años”. Por eso, manifestó su “profunda preocupación por esta crítica situación” e instó a las autoridades nacionales a “reconsiderar la medida y brindar apoyo a una iniciativa de salud pública que ha demostrado ser eficaz en preservar la vida de los niños a lo largo y ancho del país”.
