La decisión de la jueza Marta Elba Pascual de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires derivo en una acción por parte de La Libertad Avanza en la Provincia. Luego del cruce entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof, los libertarios anunciaron que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada.
El espacio que lidera Sebastián Pareja informó que sus legisladores provinciales y equipos técnicos trabajan en una presentación para promover el enjuiciamiento de la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al considerar que su resolución “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación”.
LA OFENSIVA DE LA LIBERTAD AVANZA
Pareja fue el encargado de encabezar las críticas contra la jueza. El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sostuvo que Pascual “está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso” y la acusó de responder a “los intereses de lo peor de la política bonaerense”. También anticipó que impulsarán su destitución al considerar que la magistrada “actúa como un peón del gobernador”.
A las críticas se sumaron el titular del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, quien sostuvo que el fallo “sigue garantizando la impunidad de los delincuentes”, y el presidente del bloque de Diputados, Juan Osaba, que calificó la resolución como “un fallo político” y ratificó la decisión de avanzar con el juicio político.
QUÉ RESOLVIÓ LA JUEZA MARTA PASCUAL
La resolución judicial suspendió preventivamente por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense, aunque no declaró la inconstitucionalidad de la ley. La medida fue dictada en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
En su fallo, Pascual argumentó que la Provincia no cuenta actualmente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para absorber el incremento de adolescentes que podrían quedar alcanzados por la nueva normativa. Entre otros aspectos, advirtió sobre la falta de plazas suficientes en los centros de alojamiento y recordó antecedentes judiciales que ya habían limitado la capacidad de esos establecimientos.
La magistrada también sostuvo que “el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir” y vinculó las condiciones de encierro con la seguridad pública al afirmar que “hacinar menores, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”.
LA DISCUSIÓN LLEGÓ AL PLANO POLÍTICO
El fallo también generó un fuerte intercambio entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense. Mientras desde la Casa Rosada cuestionaron la suspensión de la norma y reclamaron una postura del gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respaldó la decisión judicial.
El funcionario provincial sostuvo que “bajar la edad de imputabilidad no alcanza” si no existen infraestructura, recursos y personal suficiente para implementar la reforma, y reclamó al Gobierno nacional el envío de fondos para afrontar esos cambios.
En ese contexto, el anuncio de La Libertad Avanza de avanzar con un pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual profundiza la disputa política abierta tras la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil, una medida que por ahora regirá durante 60 días mientras la Justicia espera informes del Ejecutivo bonaerense sobre las condiciones para implementar la ley.
EL PRO TAMBIÉN RECLAMÓ INFORMACIÓN AL GOBIERNO BONAERENSE
En paralelo al anuncio de La Libertad Avanza, el presidente del bloque de senadores del PRO, Pablo Petrecca, presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof detalle cómo prevé adecuar el sistema penal juvenil durante los 60 días de suspensión dispuestos por la Justicia.
El legislador sostuvo que la prórroga “volvió a dejar en evidencia” las dificultades de la Provincia para implementar el nuevo régimen y reclamó precisiones sobre la infraestructura disponible, la capacidad de los centros de alojamiento, la cobertura de vacantes en fiscalías, defensorías y juzgados especializados, así como la disponibilidad de equipos técnicos y los recursos presupuestarios previstos.
“La Provincia una vez más improvisa y llega tarde. Hay una ley que debe cumplirse y exigimos al gobernador que prepare el sistema para hacerlo. Estos 60 días tienen que servir para resolver lo que no se hizo a tiempo”, afirmó Petrecca, quien además pidió que el Ejecutivo garantice que adolescentes en conflicto con la ley no sean alojados en dependencias destinadas a adultos.
