La concejala y directora del Observatorio de Violencias, Norma López, cuestionó la iniciativa denominada “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, y alertó sobre sus posibles consecuencias en materia de derechos y garantías.
Las declaraciones se dieron en el marco de una charla debate realizada en Casa Marechal, titulada “Políticas de seguridad, derechos humanos y cuidados: tensiones en contextos de endurecimiento punitivo”.
El encuentro contó con la participación de Adolfo Villate, fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, y Marcelo Marasca, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en la Cátedra de Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana.
Norma López alertó sobre los riesgos del proyecto de seguridad de Pullaro
Durante su intervención, López expresó su preocupación por el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial a la Legislatura y sostuvo que algunas de sus disposiciones podrían vulnerar derechos fundamentales.
“La seguridad es un derecho, pero no se construye contra otros derechos; no hay seguridad duradera sin garantías”, afirmó la concejala, al plantear la necesidad de compatibilizar las políticas de prevención del delito con el respeto a la Constitución.
Entre los puntos más cuestionados, mencionó la posibilidad de habilitar interrogatorios policiales a personas imputadas sin la presencia obligatoria de un defensor, una medida que consideró incompatible con las garantías del debido proceso.
También advirtió sobre las disposiciones vinculadas con allanamientos sin orden judicial previa y la eventual validación de pruebas obtenidas mediante procedimientos que vulneren garantías constitucionales, cuando los funcionarios involucrados aleguen haber actuado de buena fe.
Otro de los aspectos señalados fue la creación de zonas de intervención especial en barrios populares, donde, según el análisis expuesto durante la jornada, podrían aplicarse restricciones a la circulación, requisas y demoras de hasta 48 horas para solicitar acreditación de domicilio y medios de vida.
“Lo que configura situaciones directas de violencia institucional. Es un verdadero estado de sitio”, sostuvo López al referirse a estas facultades.
La concejala también cuestionó el régimen de aislamiento individual previsto en la iniciativa, que contempla apenas 30 minutos de patio por semana ante la existencia de una supuesta sospecha fundada de instigación a un delito.
Las advertencias de la Corte Suprema de Santa Fe
Durante el debate, López señaló que, desde la implementación del sistema acusatorio en Santa Fe, la tasa de encierro en la provincia se triplicó. En ese contexto, cuestionó la profundización de las medidas punitivas y la reducción de garantías para las personas imputadas.
La dirigente planteó una contradicción entre el endurecimiento de las herramientas de seguridad, la reducción de la intervención judicial y las restricciones al derecho a la defensa, en un escenario en el que, según indicó, los indicadores oficiales muestran una disminución de los niveles de violencia.
Además, durante el encuentro se recordaron las observaciones realizadas por integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ante las comisiones parlamentarias. Entre ellas, se destacaron las advertencias del ministro Daniel Erbetta sobre los riesgos constitucionales de delegar en las fuerzas policiales facultades que requieren control judicial.
El debate por la seguridad y los derechos humanos
El encuentro concluyó con un llamado a la sociedad a informarse y participar del debate público sobre las reformas impulsadas por el oficialismo provincial.
Los integrantes del panel remarcaron la importancia de defender las garantías constitucionales como un límite fundamental para las políticas de seguridad, en un contexto de discusión sobre el alcance de las facultades policiales y el endurecimiento de las medidas punitivas.
La actividad también se inscribió en las reflexiones por los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, con un eje puesto en la defensa de los derechos humanos y la vigencia de las instituciones democráticas.
