La reforma en seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a quedar en suspenso en la Legislatura de Santa Fe. La Cámara de Diputados no consiguió emitir dictamen para avanzar con el proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, una iniciativa que busca ampliar los instrumentos del Estado para combatir el delito y las organizaciones criminales.
La falta de consenso dejó abierta la discusión sobre cuándo llegará el proyecto al recinto. Entre las alternativas que se analizan figuran las sesiones del 5 y el 19 de noviembre, mientras continúan las negociaciones entre los distintos bloques.
En ese contexto, la diputada provincial Lucila De Ponti cuestionó la constitucionalidad de la propuesta y criticó las declaraciones del gobernador hacia quienes objetaron su contenido. Por su parte, el diputado Emiliano Peralta, del bloque Somos Vida, explicó los puntos que todavía generan diferencias y dejó abierta la posibilidad de continuar las conversaciones.
Lucila De Ponti cuestionó la constitucionalidad del proyecto
La legisladora puso el foco en las garantías constitucionales y convencionales que, a su entender, no estarían contempladas en la iniciativa del Ejecutivo provincial.
“Esta ley es inconstitucional y contraconvencional”, afirmó De Ponti, quien también cuestionó que Pullaro les haya pedido estudiar la Constitución a quienes plantearon objeciones al proyecto.
“Me parece también de una irresponsabilidad y una falta de respeto grande por parte del gobernador mandar a estudiar la Constitución a quienes el año pasado la reformamos y que, en uno de sus aspectos principales, incluimos el control de convencionalidad, algo que esta ley no cumple”, sostuvo.
La diputada consideró que el envío de una iniciativa con estas características representa un motivo de preocupación y remarcó la necesidad de evaluar su compatibilidad con los derechos y las garantías vigentes.
“Me parece muy grave que el Ejecutivo mande una ley de estas características a la Legislatura”, agregó.
La discusión por las herramientas policiales
De Ponti también puso en duda uno de los argumentos utilizados para impulsar la reforma: la necesidad de ampliar las herramientas de las fuerzas de seguridad.
En ese sentido, hizo referencia a los indicadores de homicidios que difunde el propio gobierno provincial. “Son ellos mismos los que hoy nos dicen que tenemos las tasas de homicidio más bajas de los últimos 20 años. Si esto es cierto, entonces quiere decir que las herramientas que existen funcionan y que hay que persistir, digamos, en el uso de estas herramientas de seguridad”, expresó.
La legisladora advirtió que el endurecimiento de la acción policial no puede justificar restricciones indebidas a los derechos de la población.
“La excusa de necesitar más herramientas para endurecer la acción policial no puede ser un camino para desproteger y vulnerar los derechos de las personas”, afirmó.
Y planteó una pregunta sobre el alcance de las medidas propuestas: “¿Qué es lo que se está vulnerando con estas leyes?”.
Peralta explicó por qué todavía no hay acuerdo
Desde otro sector de la oposición, el diputado provincial Emiliano Peralta también se refirió a las dificultades para avanzar con el proyecto, aunque puso el acento en las modificaciones introducidas al borrador y en los puntos que todavía generan desacuerdos.
En declaraciones, el legislador explicó que los presidentes de los bloques continúan conversando para definir cuándo podría tratarse la iniciativa.
“Lo que estamos viendo entre los diferentes jefes de bloque es si eventualmente le vamos a dar preferencia para la próxima sesión, que es el 5 de noviembre. Caso contrario pasaría para el 19”, señaló.
Peralta sostuvo que su espacio tenía voluntad de acompañar la propuesta, aunque aclaró que la decisión dependerá de la versión definitiva del texto.
“Para nosotros es una lástima porque teníamos toda la voluntad de acompañar”, manifestó. Y agregó: “Entendemos igualmente que va a haber una oportunidad, y a partir de ahí veremos qué posición tomamos nosotros con el borrador que nos hagan llegar ellos”.
Los artículos que generan diferencias
Entre los puntos discutidos aparecen las facultades policiales extraordinarias, los mecanismos de intervención sobre inmuebles vinculados al narcomenudeo y las modificaciones relacionadas con los procedimientos penales.
Uno de los aspectos cuestionados en la propuesta original fue el denominado procedimiento por decreto penal. Sobre ese punto, Peralta sostuvo: “Creo que eso no resistía ningún análisis constitucional”.
Según explicó, esa figura ya no estaba incluida en el borrador con modificaciones que recibieron los legisladores.
También persisten diferencias respecto de las zonas de intervención especial de la Policía y los mecanismos para avanzar con el derribo de inmuebles vinculados al narcomenudeo. En este último caso, uno de los planteos de la oposición apunta a que las medidas cuenten con intervención judicial a pedido del fiscal.
Otro de los temas en discusión son los juicios en rebeldía. Peralta aclaró que su bloque no rechaza necesariamente esa herramienta, pero busca restringir su aplicación a delitos de especial gravedad.
“No nos oponíamos a la incorporación del juicio en rebeldía, solamente que queríamos restringirlo a delitos especialmente complejos”, afirmó.
Una reforma que sigue sin consenso en Diputados
Las declaraciones de De Ponti y Peralta reflejan cuestionamientos diferentes sobre la iniciativa del gobierno santafesino. Mientras la diputada puso el foco en la constitucionalidad del proyecto y la protección de derechos, Peralta detalló las diferencias sobre artículos específicos y las negociaciones que todavía deben continuar.
Por ahora, la falta de dictamen mantiene frenado el avance legislativo de una de las principales iniciativas de la gestión de Maximiliano Pullaro en materia de seguridad.
El futuro del proyecto dependerá de los acuerdos que puedan alcanzar los bloques y de si el Ejecutivo introduce nuevas modificaciones para reunir los respaldos necesarios en la Cámara baja.
