La Cámara de Diputados de Santa Fe postergó por una semana el tratamiento de la reforma de seguridad impulsada por Maximiliano Pullaro, ante las diferencias internas sobre su constitucionalidad. La diputada Lionela Cattalini aseguró que el objetivo es garantizar herramientas para combatir el delito sin que las nuevas normas sean cuestionadas judicialmente.
El oficialismo de Santa Fe no logró reunir los consensos necesarios para avanzar con la reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y resolvió postergar su tratamiento en la Cámara de Diputados por una semana. Las diferencias estuvieron vinculadas, principalmente, con los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de algunos puntos del proyecto.
Pese a la demora, durante la sesión de este jueves la Legislatura provincial logró aprobar la ley de intervención de mercados ilícitos de celulares, una iniciativa que también formaba parte de la agenda parlamentaria.
Tras la jornada, la diputada provincial de Unidos, Lionela Cattalini, destacó la importancia de avanzar con herramientas legislativas para enfrentar distintas modalidades delictivas y sostuvo que durante el tratamiento de los proyectos se escucharon las opiniones de distintos sectores.
“Se ha escuchado siempre a la gente y a los actores institucionales”, remarcó.
En relación con la reforma de seguridad, la legisladora planteó que el Estado debe contar con instrumentos adecuados para responder a las transformaciones del delito, tanto desde la prevención como desde la persecución penal.
“Es momento de avanzar. El delito, por supuesto, cambia y tenemos que tener las herramientas. El Estado tiene que tener las herramientas para prevenirlo y para castigarlo con todo el peso de la ley”, afirmó.
En esa línea, Cattalini destacó la política de seguridad del gobierno de Unidos y atribuyó al gobernador Pullaro una fuerte decisión política para impulsar las reformas.
La diputada también defendió la necesidad de que las nuevas normas tengan respaldo institucional y se ajusten a la Constitución. “Lo que estamos haciendo es intentar que la provincia de Santa Fe siga ese camino, que tenga leyes que sean ejemplares, que sean acordes a la Constitución y que sean producto de los acuerdos de los actores institucionales”, expresó.
Los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la reforma
Uno de los principales puntos de discusión alrededor del proyecto está relacionado con las observaciones de la Corte Suprema de Justicia y la posibilidad de que algunas de las modificaciones impulsadas por Pullaro sean declaradas inconstitucionales.
Al respecto, Cattalini aseguró que el oficialismo trabajará para evitar que las normas puedan ser objetadas judicialmente y defendió la necesidad de avanzar con una legislación que permita mejorar las investigaciones y la prevención del delito.
“Nuestro compromiso es esclarecer las investigaciones, que haya prevención y que todo eso sea efectivo y que, por ende, no sea cuestionado”, sostuvo.
La legisladora también resaltó los resultados que, según su evaluación, obtuvo la gestión provincial en materia de seguridad. Aseguró que se registraron descensos tanto en los homicidios como en los delitos predatorios y consideró que esa política constituye una de las principales banderas del gobierno de Unidos.
Cattalini cuestionó a la Justicia Federal tras la destitución de Gastón Salmain
En otro tramo de sus declaraciones, la diputada se refirió a la destitución del juez federal de Rosario, Gastón Salmain, quien fue removido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación por mal desempeño de sus funciones.
La decisión se fundamentó en las irregularidades detectadas en su trayectoria profesional: el magistrado había omitido informar que fue cesanteado del Poder Judicial de la Nación en 2002. Esa información tampoco habría sido declarada en 33 concursos públicos realizados entre 2016 y 2024.
Si bien el tribunal desestimó la acusación vinculada con el presunto cobro de coimas a cambio de resoluciones judiciales, consideró acreditadas las irregularidades relacionadas con sus antecedentes profesionales.
A partir de este episodio, Cattalini apuntó contra el funcionamiento de la Justicia Federal y su desempeño frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado en Rosario.
“Me parece que es un mensaje claro del Jury de Enjuiciamiento a la ciudad de Rosario y a la Justicia Federal”, manifestó.
La legisladora recordó los años de violencia que atravesó la ciudad y cuestionó el accionar de algunos sectores judiciales frente a las investigaciones vinculadas con organizaciones criminales.
“En la última década la ciudad atravesó momentos dificilísimos, de mucha violencia y muchos homicidios, y los que tenían que investigar al narcotráfico o al crimen organizado hacían otra cosa”, sostuvo.
Además, hizo referencia a las presuntas conexiones entre integrantes del ámbito judicial y organizaciones delictivas, y consideró que todavía quedan aspectos por esclarecer.
“Tenían expedientes en sus escritorios y no pasaba nada, los devolvían a la Justicia provincial y además eran parte de una trama de corrupción indescriptible. Creo que todavía no llegamos al fondo de esa trama”, cuestionó.
Finalmente, Cattalini convocó a la dirigencia política a profundizar el debate sobre el rol de la Justicia en la problemática de la inseguridad y advirtió sobre la necesidad de revisar los mecanismos de designación y control de los magistrados.
“Invito a toda la política a seguir hablando de este tema, a poner el ojo también en lo que pasa en la Justicia si queremos hablar de seguridad”, concluyó.
