El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, puso en discusión la idea de que bajar impuestos alcanza para impulsar las inversiones y defendió la necesidad de revisar el esquema tributario en función de la actividad económica y el financiamiento de las provincias.
En una entrevista con FM La Cielo, el funcionario cuestionó la receta económica de Javier Milei y los pedidos de industriales como la UIA y la UIPBA y advirtió que la inversión no repunta solamente con incentivos fiscales, mientras la industria, la construcción y el comercio registran fuertes caídas.
“La evidencia empírica en economía no muestra que bajar impuestos aumente la inversión”, afirmó Girard al mostrar que la llegada de capitales al país está en un piso histórico pese a los programas de incentivos como el RIGI y el Súper RIGI. En contraposición con el planteo del Gobierno nacional, sostuvo que las decisiones empresariales dependen de las posibilidades de vender y de la existencia de un mercado interno con capacidad de consumo.
“Yo creo que la inversión ocurre si hay ventas y hay demanda, si se crea empleo y los salarios le ganan a la inflación”, explicó. El titular de ARBA puso así el foco en las condiciones económicas que, a su entender, resultan determinantes para que las empresas amplíen su producción, más allá de los beneficios fiscales que puedan recibir.
El planteo se da en medio de los reclamos de sectores empresarios para reducir o eliminar Ingresos Brutos, uno de los principales tributos provinciales. Girard reconoció las distorsiones que genera el impuesto, pero advirtió que cualquier modificación debe contemplar el peso que tiene en la recaudación y el impacto que tendría sobre los recursos destinados a sostener los servicios públicos.
Ingresos Brutos y el financiamiento de las provincias
Girard admitió que Ingresos Brutos tiene problemas de diseño. Por su carácter plurifásico, el tributo se aplica en distintas etapas de la cadena productiva y comercial, lo que genera un efecto acumulativo que puede trasladarse a los precios que paga el consumidor final.
Sin embargo, remarcó que el impuesto representa la mayor parte de los ingresos tributarios de las jurisdicciones provinciales. “Tres de cada cuatro pesos que recaudan las provincias provienen de Ingresos Brutos”, señaló.
Por eso, planteó que una eventual reducción o eliminación no puede discutirse de manera aislada. “Cualquier medida que se tome en relación a la eliminación o reducción afecta directamente las arcas provinciales, con gobiernos que pagan sueldos de policías, maestros, médicos y garantizan la infraestructura”, sostuvo.
Para el funcionario, la Argentina necesita una discusión profunda sobre la estructura tributaria, pero enmarcada en una revisión del régimen de coparticipación federal. El debate, según explicó, debe involucrar a la Nación y a las 24 jurisdicciones, ya que modificar los impuestos provinciales sin resolver cómo se compensarían esos recursos podría comprometer el financiamiento de sus obligaciones.
En ese sentido, también cuestionó que la reducción de impuestos se presente como una salida suficiente frente a la crisis económica. “Proponer como salida que los fiscos bajen los impuestos es desconocer que mucha gente está yendo como refugio al sistema público, tanto de salud como educativo”, afirmó.
La caída de la actividad golpea la recaudación bonaerense
El diagnóstico de Girard está respaldado por los números que presentó sobre el desempeño de los principales sectores económicos de la provincia de Buenos Aires. Según detalló, al cierre de septiembre la industria manufacturera registró una caída interanual superior al 10%, la construcción retrocedió un 15% y el comercio mayorista y minorista cayó un 7%.
Se trata de actividades con un peso significativo en la recaudación provincial. Por eso, el funcionario vinculó ese retroceso con una caída cercana a los ocho puntos en los ingresos por Ingresos Brutos durante septiembre.
“Lo más probable es que estemos entrando en una recesión técnica”, advirtió. Según su explicación, para evitar ese escenario sería necesario que la economía creciera ocho puntos de acá a fin de año, una posibilidad que consideró inviable.
La contracción de la actividad también repercute sobre la capacidad de pago de los contribuyentes. Girard señaló que ARBA registra mayores dificultades para cumplir con las obligaciones tributarias, especialmente entre las empresas alcanzadas por Ingresos Brutos y Sellos.
El deterioro de la recaudación, en ese marco, se vincula con una economía que vende menos y produce menos. Es el argumento con el que el titular de ARBA cuestiona que una reducción impositiva, por sí sola, pueda revertir la falta de inversiones.
ARBA lanzó un plan de pagos con quitas de hasta el 40%
En paralelo, ARBA puso en marcha un régimen especial para regularizar deudas de Ingresos Brutos, Sellos, el impuesto Inmobiliario y la Patente automotor.
El esquema contempla una quita del 40% sobre el monto de la deuda para quienes paguen al contado durante las primeras dos semanas, hasta el 13 de noviembre. Luego, el descuento baja al 35% durante las dos semanas siguientes y al 30% hasta fin de año. También ofrece alternativas de financiación de tres a seis cuotas.
El objetivo es que los contribuyentes regularicen su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para el próximo ejercicio fiscal. Girard explicó que la intención es otorgar descuentos adicionales a quienes se mantuvieron al día sin necesidad de recurrir al plan, como una forma de premiar el cumplimiento en término.
El funcionario también advirtió que las deudas tributarias prescriben a los cinco años y que el fisco está obligado a iniciar acciones para evitar que eso ocurra. Cuando el proceso llega a la Justicia, se agregan costos como las tasas judiciales y los honorarios de los apoderados fiscales, que pueden encarecer la regularización para empresas y particulares.
El plan busca facilitar el cumplimiento tributario en un contexto de mayores dificultades económicas. Mientras tanto, la discusión por Ingresos Brutos volvió a exponer el desafío de conciliar una estructura impositiva que genera cuestionamientos en el sector privado con la necesidad de sostener los recursos provinciales en plena caída de la actividad.
