La discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad penal juvenil suele quedar atrapada en la clásica grieta ideológica argentina entre “garantismo” y “mano dura”. Sin embargo, una de las críticas más feroces y destructivas contra la ley recientemente aprobada no provino de la izquierda ni del progresismo, sino de una figura asociada al orden y la seguridad que más de una vez se expresó a favor de ella: Sergio Berni.
El actual senador provincial y exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sorprendió al calificar de “totalmente inviable” la aplicación de la normativa que establece la imputabilidad a los 14 años, en consonancia con lo dispuesto por la Justicia bonaerense. En diálogo con Albino Aguirre y Nuria González Rouco en el programa Palabras más, palabras menos por LA CIELO 103.5, Berni desarmó el carácter “marquetinero” de la ley y expuso por qué, lejos de mitigar el delito, podría terminar empeorándolo.
Para despejar cualquier especulación de “tibieza” política, Berni comenzó recordando su postura histórica sobre el tema. “Fui el primero en el país hace más de 15 años de empezar a plantear la posibilidad de discutir la baja de edad de imputabilidad”. En ese sentido remarcó que el problema es “la manera que se bajó, de la manera que se hizo y de la manera que se aprobó, esto es totalmente inviable”, sentenció.
El “efecto pino” y la trampa de los 14 años fijos
Para ilustrar su concepción de la justicia juvenil, Berni apeló a una metáfora botánica: “Siempre lo comparo como cuando usted planta un pino: si usted planta un pino y se tuerce, le pone un tutor y enseguida recupera su normal crecimiento”. Bajo esta premisa, intervenir lo antes posible sobre un menor que delinque es la única forma de desviar un destino criminal consolidado.
Sin embargo, el exministro de Seguridad alertó que establecer un límite de edad fijo en 14 años de manera “espasmódica y marquetinera” carece de fundamentos científicos y crea un vacío peligroso. “Pregúntele a cualquier legislador que aprobó esa ley por qué pusieron 14 años; ninguno se lo va a saber responder”, desafió, argumentando que no hay una explicación neurocientífica para esa edad.
Además, advirtió sobre un efecto adverso inmediato en el crimen organizado: “Si usted pone 14 años, mañana ya están todas las organizaciones de narcotraficantes buscando menores de 12 años porque son inimputables”. Por ello, Berni propone un sistema sin límite de edad basado en un test psiquiátrico individual para determinar si el menor comprendió la criminalidad del acto en el momento de cometerlo.
Berni equiparó el entusiasmo político que rodea a esta ley con las fallidas reformas del Código Penal promovidas tras las marchas de Juan Carlos Blumberg, las cuales no resolvieron la inseguridad en el largo plazo. Sostuvo que el delito juvenil es sumamente peligroso debido a la propia impericia de los menores armados. “Cuando usted se sienta con los chicos a preguntar qué fue lo que pasó, todos le dicen lo mismo: ‘me asusté y se me disparó el arma'”. El senador bonaerense enfatizó que aplicar una ley penal juvenil que solo encierra al menor sin herramientas de reinserción solo empeorará esta dinámica violenta. “Si hace una ley para generar esa posibilidad de resocialización y no la acompaña de los instrumentos, lejos de generar un beneficio, va a agravar lo que está tratando de solucionar”.
El “depósito” de menores y la inacción del Gobierno nacional
El punto más álgido del planteo de Berni es la inviabilidad económica del nuevo esquema de encierro, el punto que con énfasis cuestionó la Justicia. El exfuncionario responsabilizó directamente a la Casa Rosada por sancionar una ley de gran impacto penal sin asignar los recursos presupuestarios necesarios para sostenerla. Y terminó respaldando indirectamente lo actuado por la jueza Marta Pascual.
Al ser consultado sobre quién es responsable de que la ley no pueda aplicarse de forma plena, apuntó: “El gobierno nacional, que no acompañó la ley con los fondos necesarios para llevar adelante las inversiones para poder llevar adelante la resociabilización de los menores”.
Berni denunció las pésimas condiciones del sistema de contención actual, señalando que la falta de financiamiento transforma estos centros en meras celdas de castigo. “En la provincia de Buenos Aires, esos chicos van a parar a institutos de menores que no son más que depósitos de chicos con problemas de conducta, problemas de delincuencia, y que no tienen ninguna finalidad y ningún proceso de resociabilización”. Aseguró que una verdadera política de Estado requiere una inversión profunda en “mecanismos docentes, mecanismos psicopedagogos [y] acompañamiento psicológico”, más allá de construir “un lugar lindo y bien pintadito”.
Finalmente, Berni reveló un aspecto técnico-legal de la provincia de Buenos Aires que suele omitirse de forma sistemática en los estudios de televisión y las discusiones legislativas. “La ley permite a un juez detener al menor independientemente de la edad que tenga, lo que se está discutiendo es estúpido porque en la provincia de Buenos Aires cualquier chico independientemente de la edad y a decisión discrecional del juez puede ser detenido”.
