El fuero penal del Departamento Judicial de La Plata atraviesa momentos de profunda conmoción institucional. Raúl Dalto, integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, formalizó la presentación de su renuncia al cargo. El decisivo paso al costado se produce en el marco de un proceso disciplinario en su contra por presunto mal desempeño de sus funciones.
La dimisión del magistrado marca un punto de inflexión en una escalada de resoluciones judiciales y sumarios administrativos que venían acorralando su continuidad. Con la nota de renuncia sobre la mesa, la atención se traslada ahora al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, ya que el gobernador Axel Kicillof será quien deba firmar el decreto para aceptar o rechazar formalmente su salida.
Licencia obligatoria y el avance de la denuncia
La determinación de Dalto de dar un paso al costado se dio a conocer apenas unos días después de un duro varapalo institucional. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires había resuelto otorgarle una licencia obligatoria por un plazo de 90 días. Esta medida preventiva quedó asentada formalmente mediante la Resolución N° 2599/2026, firmada el pasado 2 de septiembre.
El máximo tribunal provincial dispuso el apartamiento temporal del magistrado mientras continuaban su curso las actuaciones vinculadas a su conducta. El origen del expediente se remonta a una serie de procedimientos iniciados a partir de una licencia concedida a una agente judicial por motivos de violencia de género, trámite que derivó en posteriores investigaciones disciplinarias enfocadas en el accionar del propio camarista.
El rol del Procurador y las acusaciones del sumario
A medida que avanzaba el sumario administrativo interno, se acumularon diversos testimonios y elementos de prueba que terminaron por complicar seriamente la posición del juez. En este contexto, el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, impulsó formalmente una denuncia contra Dalto ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia.
Según se desprende del texto remitido por la Suprema Corte, la Jefatura de los fiscales consideró de manera contundente que las conductas atribuidas al camarista reunían la entidad suficiente para configurar causales de mal desempeño. Este diagnóstico dio luz verde al trámite de jury, una instancia de extrema gravedad institucional para cualquier miembro del Poder Judicial.
Hostigamiento laboral y deterioro del clima de trabajo
El núcleo duro de las acusaciones presentadas contra Dalto describe un cuadro sostenido de irregularidades en el trato interpersonal dentro del tribunal. La presentación formulada por la Procuración hace especial hincapié en la supuesta generación de un ambiente signado por la “tensión y el nerviosismo permanente” en el ámbito de la Sala I de la Cámara de Apelaciones.
Asimismo, la denuncia le atribuye severas situaciones de maltrato dirigidas de manera sistemática hacia agentes, funcionarios y otros magistrados. La mayoría de las víctimas de estas conductas habrían sido mujeres, situación que provocó un progresivo y profundo deterioro del ambiente de trabajo diario en la dependencia judicial platense.
Consecuencias institucionales y el futuro del proceso
Los efectos del presunto accionar del magistrado no habrían sido únicamente emocionales o de clima interno. El escrito acusatorio detalla episodios de tal gravedad que habrían derivado en pedidos de traslado, renuncias del personal afectado y profesionales en tratamiento médico, sumado a una distribución desproporcionada e inequitativa de las cargas cotidianas de trabajo.
Para evitar que el juez continuara en contacto con los empleados y funcionarios que prestaron declaración en su contra, Conte-Grand había solicitado su apartamiento preventivo. Tras efectivizarse la renuncia de Dalto, la última palabra la tiene la gestión provincial, decisión que determinará cómo concluye o impacta la vía del enjuiciamiento político.
