La decisión fue adoptada por el juez Thomas Griesa, a cargo de la causa iniciada por la demanda de bonistas que no entraron al canje de deuda de 2005 ( holdouts) y que, por lo tanto, tienen en su poder bonos que permanecen en default (en total, hay bonos por unos 20.000 millones de dólares en esa situación).
Los grandes fondos de inversión que llevan adelante los reclamos ante Griesa venían pidiendo desde hace tiempo distintas medidas de embargo. Hasta ahora, no habían tenido éxito con el argumento de que las reservas del BCRA no eran del Tesoro sino de una entidad autónoma.
Justamente la posibilidad de que el uso de reservas para el pago de vencimientos de deuda aniquilara ese argumento era lo que había esgrimido el presidente del Banco Central, Martín Redrado, para no implementar el Fondo del Bicentenario que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había creado por decreto de necesidad y urgencia (DNU) con ese fin. Esa demora de Redrado fue lo que llevó al segundo decreto con el que fue echado de la entidad. Los dos DNU fueron luego suspendidos por la Justicia y así el funcionario volvió a su cargo.
El viernes de la semana pasada, en las horas durante las cuales Redrado permaneció echado y reemplazado temporalmente por su segundo, Miguel Angel Pesce, hubo un intento por parte de los directores kirchneristas del Central de transferir al Tesoro los algo más de 6.500 millones de dólares de reservas que integrarían el Fondo del Bicentenario y se usarían para pagar los vencimientos de este año.
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En medio de las denuncias por corrupción que la salpican, la hermana del presidente desistió de viajar a Olavarría y Azul. Se adujeron cuestiones climáticas pero la reprogramación será con otros dirigentes.
Pero en el medio hubo una llamada urgente desde Nueva York: abogados del estudio Sullivan & Cromwell, que defienden los intereses del BCRA contra los fondos buitres y otros litigantes contra el Estado argentino en Manhattan, alertaron que el juez Griesa había convocado ese mismo viernes una “reunión de partes” para pedir información. Luego llegaron los fallos que suspendieron los DNU y la movida quedo congelada.
El miércoles, otro estudio que defiende los intereses del Estado, Cleary Gottlieb, había remitido una evaluación que advertía que el Fondo del Bicentenario podía “abrir la puerta para que los acreedores intenten nuevos embargos y bloqueos en las cuentas del BCRA”.
En el fondo de la cuestión está la discusión por la figura jurídica del “alter ego”: según los acreedores, el BCRA no es un ente autárquico, sino un brazo más del Tesoro. El argumento fue utilizado cuando el Gobierno le pagó al FMI y cuando nacionalizó los fondos de las AFJP. En ambas oportunidades, la Justicia neoyorquina falló finalmente a favor de la Argentina. Pero esta vez, los megafondos NML Capital, perteneciente a Elliot; y EM, del magnate y productor de vasos plásticos Kenneth Dart, sostienen que, al contrario de lo que pasó con el FMI, ahora se pone en juego una “relación comercial”.
