La justicia federal condenó a una empresa de Ramallo por haber contaminado al Río Paraná con agroquímicos. El Juzgado Federal de San Nicolás dictó sentencia en el amparo ambiental que había sido presentado por la ONG Fomea, y condenó a la empresa Carboquímica del Paraná SA al “cese de actividad contaminante y a realizar tareas de recomposición ambiental”.
En esa localidad, la justicia ya venía investigando casos similares de contaminación, llegando incluso a allanar otra de las empresas más importantes de la zona –Atanor- en julio del año pasado, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciara sobre el caso y le diera un plazo de seis meses al Estado argentino para actuar al respecto. Sucede que en los alrededores al polo industrial, que es denominado como “barrio química”, se registraron un total de 200 muertes por diferentes tipos de cáncer.
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Pero, el fallo de la justicia federal tuvo otro agregado que sumó importancia: no solo se condenó a la empresa denunciada, sino también a la propia Provincia, luego de que se comprobara que su organismo de control, el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS) había “incumplido su misión legal”, algo que para los jueces de la causa resultó algo significativo.
Según la organización ambiental que llevó el caso a la justicia, la empresa condenada “generó un desastre ambiental en las costas del río Paraná, contaminando severamente con restos del destilado de alquitrán de hulla un amplio sector de aledaño a la planta, afectando suelo, barrancas, bosques nativos, humedales y el propio curso del río Paraná, la contaminación constatada afectó la biodiversidad de ese valioso entorno natural”.
“Estamos muy contentos por la sentencia por la obligación de recomponer el ambiente. Además, tuvo el agregado de condenar a la OPDS, al cual nosotros consideramos que son los grandes responsables de esa gran degradación ambiental en la vera del Río Paraná“,le dijo a INFOCIELO, el abogado ambiental y uno de los querellantes en la causa, Fabián Maggi. “Vamos a exigir al OPDS que revea al funcionamiento y se adecúe a la normativa ambiental como la ley se lo impone”, agregó el letrado.
“El resultado arribado fue posible por la perseverancia de la ciudadanía y el aporte de Gendarmería y de la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal, que realizaron los trabajos de campo, relevamientos y tomas de muestras que fueron analizadas en el laboratorio del CIM-UNLP, posteriormente esos datos fueron objeto de análisis por parte de la Perito Oficial Lic. Laura Gonzales. Ahora Carboquímica del Paraná deberá juntamente con el OPDS iniciar un programa de remediación del ambiente destinado a mitigar la grave contaminación generada”, agregaron en un comunicado.
No es la primera vez que la justicia federal intercede en la provincia respecto a asuntos estrictamente ambientales, que como generalmente sucede, se interrelacionan directamente con la salud de las personas. En septiembre de 2019, el Juzgado Federal de San Nicolás, también estableció un amparo en Pergamino para prohibir las fumigaciones aéreas a menos de mil metros y las terrestres, a menos de mil metros de centros urbanos y rurales.
Por su parte, en julio del año pasado, se allanó por primera vez a la fábrica Atanor, una de las más grandes empresas de agroquímicos en todo el país. La causa que denunciaba contaminaciones hacia el Río Paraná, había sido presentada hacía seis años atrás.
Los hechos más contundentes pasaron por el registro de 200 muertes por diferentes tipos de cáncer en el barrio aledaño al polo industrial, así como también la comprobación de enterramientos clandestinos de residuos “altamente peligrosos para la salud humana y ambiental”.
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