La composición de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que está al borde de la falta de quórum desde hace un buen tiempo, escaló rápidamente en la agenda de los legisladores del oficialismo y de la oposición en el comienzo de este 2023.
El máximo tribunal de Justicia bonaerense está constituído por cuatro miembros, pero debería tener siete. Su presidenta es Hilda Kogan, el vicepresidente es Sergio Torres y tiene como ministros a Daniel Soria y Luis Esteban Genoud.
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Kogan y Genoud pasaron hace rato el meridiano de los 75 años de edad y se espera que den un paso al costado en cualquier momento. Si eso ocurriera, la Suprema Corte se quedaría sin quorum para sesionar y debería convocar a conjueces para emitir fallos y acuerdos. No es una situación nueva: funciona a media máquina desde 2020, a partir de la muerte de Héctor Negri y las renuncias (ya en 2021) de Eduardo De Lazzari y de Eduardo Pettigiani.
Con esas tres salidas, Axel Kicillof tiene la posibilidad, prácticamente inédita, de nombrar a sus tres reemplazos buscando acuerdos en el Senado. Sin embargo, la correlación de fuerzas (desfavorable) en la Legislatura lo precavió de hacerlo hasta ahora.
Un ejemplo del impacto de la paridad de fuerzas en la Cámara alta (el oficialismo tiene 23 y la oposición también) se notó en noviembre último, cuando no hubo acuerdos en el nombramiento de jueces y la oposición dejó sin firmar un dictámen en ACA. “Hay disidencias en algunos nombres, que quizás puedan quedar pendientes para más adelante y avanzar con los otros, que son mayoría”, señalaron desde el oficialismo. El encono estaba relacionado con los nombres para el departamento judicial de La Plata.
“El gobernador va a evaluar detenidamente quiénes podrían ocupar esa función y le llevará un tiempo”, adelantaban al respecto desde su entorno cuando las vacantes eran sólo dos.
La misma explicación vale para explicar por qué no se avanzó con el nombramiento de un nuevo suprocurador tras la renuncia de Juan Ángel de Oliveira y de varios centenares de cargos -jueces y funcionarios- a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires.
Transcurrieron prácticamente dos años desde ese momento. En el medio hubo una pandemia. Con el retorno de la presencialidad, el mundillo político y judicial advierte que los supremos no se están haciendo más jóvenes. “La Corte necesita vitalidad; se nota mucho la diferencia entre Sergio Torres y el resto”, le confió a este portal una fuente que interactúa al máximo nivel judicial.
No fue la única huella que dejó el Coronavirus: el escándalo de las vacunas VIP salpicó a Hilda Kogan y a Luis Genoud, que continuaron en sus cargos, aunque deslegitimados y debilitados políticamente. No es un dato menor que el Gobierno provincial no haya utilizado esa ocasión para quitarse alguna molestia de encima: no hizo olas.
¿Se apura, entonces, el recambio? Difícil de prever, más difícil de explicar
La Corte tiene buena sintonía con el Gobierno provincial: se esforzó, por ejemplo, en buscar una solución política para el grave problema que puede significar la caída de la Ley de Jubilaciones del Banco Provincia. En calle 13 aseguran que el tratamiento de esa polémica será la última cuestión “relevante” que se abordará en este año, que, además, es electoral.
El artífice del alineamiento entre los Supremos y el Gobierno provincial no es otro que Julio Alak, el Ministro de Justicia bonaerense, en quien el propio Kicillof delega la relación. Orbita tan cerca de la Corte que durante mucho tiempo se creyó que le interesaba incorporarse a su staff, aunque hoy parece más entusiasmado con la posibilidad de volver a ser intendente de La Plata.
La relación de Alak con el mundo judicial lleva décadas. Muchos le atribuyen un lobby suficientemente poderoso como para dormir durante 25 años causas incómodas para el poder. Son esos mismos observadores los que empiezan a preguntarse si no es “El Turco” el que le pone el freno de mano a la renovación del Máximo Tribunal bonaerense.
Se sabe, porque lo han admitido en Calle 6, que Axel Kicillof deberá negociar antes de enviar un pliego a la Legislatura. Hasta el año pasado, el Gobernador tenía en mente remitir dos: uno propio y otro en acuerdo con la UCR. Se hablaba de Marina Sánchez Herrero, esposa del radical Maximiliano Abad, y de Federico Thea, que terminó en el Tribunal de Cuentas.
Ese reparto marginaría al Frente Renovador, que también quiere poner un pie en el Palacio de Justicia, y al PRO, que no se da por satisfecho con haber sumado a Sergio Torres y al procurador militante Julio Conte Grand, ambos nombrados durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
Incorporar un elemento externo, como podría ser un cortesano alineado con el radicalismo, significaría dejar pasar ruido en la línea directa que Alak -es decir Kicillof- tiene con la Corte, y que le ha permitido encauzar la mayoría de los conflictos.
Esta hipótesis, traducida, significa que la Corte funciona a control remoto con una botonera que tiene el Poder Ejecutivo. “Una Corte lenta, demacrada”, a la medida de las aspiraciones del poder.
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