La Comisión Provincial por la Memoria denunció ante la Suprema Corte bonaerense que el Organismo de Niñez y Adolescencia realiza traslados de menores sin autorización judicial, incumpliendo con la normativa vigente. Además, señalaron que ésta es una “práctica habitual” que vulnera los derechos humanos de miles de jóvenes detenidos.
El alerta llegó de parte del juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Bahía Blanca, a cargo de Natalia Giombi, quien puso en conocimiento a la CPM sobre el traslado sin autorización de un joven trasladado sin orden judicial. Se trata del caso de un joven que estaba detenido en Mercedes y fue trasladado ilegalmente a La Plata.
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Sobre este caso particular, desde el organismo de derechos humanos denunciaron que el menor “sufrió desde su arribo amenazas, golpes y abuso” y que sucedió ante “la pasividad o desidia de los operadores de niñez del hogar de tránsito de La Plata”.
Cabe señalar que la Suprema Corte de la Provincia resolvió en 2013 que los traslados de un establecimiento a otro requieren autorización judicial previa. En ese sentido, la CPM denunció este nuevo caso ante el máximo tribunal bonaerense y pidió que su intervención para que se cumpla con la normativa.
La jueza Giombi también informó a la CPM que “las autoridades de la OPNyA consideran que está dentro de sus atribuciones decidir los traslados de jóvenes y que no deben solicitar la autorización al poder judicial”.
Ante lo que calificaron como “una práctica habitual”, la CPM, en un escrito que elevó a la Suprema Corte, señaló que “preocupa el accionar discrecional desplegado por la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil por el cual disponen los traslados de los jóvenes detenidos sin el debido aval judicial, colocándolos en una situación de extrema vulnerabilidad y por consiguiente agravando las condiciones de detención en las que se encuentran”.
En ese marco, solicitaron que se “dispongan las medidas que estime conducentes a fin de instar al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia a que cumpla con la obligación de solicitar el debido aval judicial antes de efectivizar el traslado de jóvenes alojados que se encuentran bajo su órbita”.
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