La temperatura de la interna dentro de Unión por la Patria volvió a subir de nivel en la Legislatura bonaerense. En una jugada de alto voltaje político que reconfiguró los alineamientos tradicionales de la cámara, el Frente Renovador le ganó una pulseada histórica al kirchnerismo y al kicillofismo al lograr avanzar con un proyecto largamente resistido por el ala dura del oficialismo: la incorporación de armas no letales y pistolas Taser para la policía provincial.
La iniciativa, impulsada por el diputado massista y presidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, Carlos Puglelli, logró dictamen de comisión por unanimidad tras tejer un heterogéneo bloque de acuerdos que expuso la soledad del sector que responde a Axel Kicillof y a La Cámpora en este debate.
El proyecto propone modificar la Ley 13.482 para habilitar el uso de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil —como las reconocidas pistolas Taser—, prohibiendo expresamente aquellos aparatos de contacto directo cuyo único fin sea el tormento o la provocación de dolor. Para blindar la medida frente a las históricas reticencias del progresismo oficialista, la redacción contempla estándares estrictos: capacitación profesional continua, protocolos de desescalada y el respeto estricto a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad frente a situaciones de peligro inminente.
Lo más resonante de la jornada, sin embargo, no fue sólo el articulado técnico, sino la arquitectura de las manos alzadas. El massismo logró vaciar de poder de veto al kicillofismo al cosechar el respaldo transversal de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper (quien había impulsado un proyecto que fue unido al del FR), dejando en evidencia que la interna está lejos de solucionarse.
LA LETRA CHICA DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN, LÍMITES Y CONTROL ESTRICTO
Más allá del impacto político y el quiebre interno que provocó su avance en comisión, la iniciativa del Frente Renovador encabezada por Carlos Puglelli detalla un marco regulatorio preciso para modificar la Ley 13.482. El texto busca despejar los fantasmas ideológicos que históricamente frenaron este debate en el peronismo bonaerense, estructurando el uso de la tecnología bajo estrictos estándares profesionales, protocolos de actuación y un fuerte componente de control técnico.
Entre los puntos centrales del articulado, el proyecto contempla la incorporación formal de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil, encuadrando explícitamente a las pistolas Taser dentro del equipamiento operativo de la fuerza. Al mismo tiempo, la norma introduce una prohibición tajante: deja afuera a los dispositivos eléctricos de contacto directo cuya finalidad o efecto principal sea provocar dolor físico mediante descargas corporales.
Para blindar la aplicación de la medida frente a las objeciones sobre el uso de la fuerza, la propuesta establece que el personal policial que las manipule deberá contar con una capacitación específica, obligatoria, acreditada y continua. Esta formación no se limitará al manejo técnico del arma, sino que incluirá instrucción obligatoria sobre sus efectos y riesgos, técnicas de desescalada, aplicación de los principios de uso gradual de la fuerza y nociones básicas de primeros auxilios.
Asimismo, el uso de estos dispositivos quedará encuadrado bajo los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. El articulado fija como condición excluyente que su empleo se limite estrictamente a aquellas situaciones en las que los medios no violentos resulten ineficaces o insuficientes, y exista un peligro inminente para la integridad física del propio efectivo, de terceros o de la persona involucrada, buscando garantizar que la tecnología funcione como un recurso intermedio y no letal en la calle.
