El diputado de Fuerza Patria Carlos Puglelli, presentó un proyecto de ley para habilitar el uso de armas no letales por parte de la Policía de la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que va en sintonía con la política de seguridad aplicada en otras provincias del país y que vuelve a poner sobre la mesa un debate que durante años impulsaron dirigentes de la oposición sin lograr avances en la Legislatura.
En los últimos años, distintas jurisdicciones del país incorporaron o autorizaron el uso de armas no letales para sus fuerzas de seguridad. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue una de las primeras en implementarlas, mientras que Mendoza fue pionera al adquirir pistolas Taser en 2006 y recientemente amplió su utilización mediante nuevos protocolos. También Córdoba, Chaco, Jujuy, Tucumán, Santa Fe y Neuquén avanzaron con compras, reglamentaciones o procesos de capacitación para incorporar este tipo de dispositivos a sus policías, en todos los casos bajo protocolos específicos y con capacitación obligatoria para los agentes autorizados a utilizarlos.
La propuesta busca modificar la Ley 13.482, que regula la organización y el funcionamiento de las fuerzas policiales bonaerenses, para incorporar un marco legal específico que autorice la utilización de este tipo de dispositivos. El texto establece que solo podrán ser utilizadas por efectivos que hayan aprobado capacitaciones específicas y evaluaciones psicofísicas, bajo protocolos que deberá definir el Ministerio de Seguridad y con mecanismos de registro y control de cada intervención.
El proyecto no se limita a las pistolas Taser. En su articulado incorpora una definición amplia de armas no letales, de manera de incluir otras tecnologías de inmovilización además de las armas electrónicas, como los dispositivos neumáticos, con el objetivo de evitar que la normativa quede restringida a un único tipo de equipamiento.
Entre los fundamentos, Puglelli sostiene que la legislación bonaerense carece de una regulación específica sobre estas herramientas y argumenta que la Provincia tiene competencia para establecer las condiciones de uso de los elementos que emplean sus fuerzas de seguridad.
Además, remarca que las armas electrónicas no deben confundirse con una picana eléctrica, al considerar que poseen un funcionamiento y una finalidad completamente distintos. También sostiene que constituyen una herramienta intermedia entre la fuerza física y el arma de fuego, lo que permitiría actuar bajo criterios de uso gradual y proporcional de la fuerza, reduciendo potencialmente el riesgo tanto para los efectivos policiales como para terceros. Al mismo tiempo, reconoce que no son dispositivos inocuos, por lo que su utilización debe quedar limitada a situaciones de amenaza real, actual e inminente y bajo estrictos controles administrativos.
UN DEBATE CON VARIOS ANTECEDENTES
La discusión sobre la incorporación de armas no letales en la Policía Bonaerense no es nueva. Desde 2020 distintos bloques opositores, y hasta el Frente Renovador, impulsaron iniciativas similares, aunque ninguna logró convertirse en ley.
Uno de los volvió a insistir con un proyecto similar fue el diputado Juan José Esper, quien proponía autorizar el uso de pistolas Taser por parte de las fuerzas de seguridad provinciales, siempre con capacitación obligatoria y bajo criterios de necesidad y proporcionalidad. Aquella iniciativa comenzó su recorrido legislativo, pero nunca consiguió los consensos necesarios para avanzar hacia el recinto.
En 2024, legisladores de La Libertad Avanza y del PRO volvieron a insistir con una propuesta similar para habilitar el uso de armas electrónicas no letales en la provincia. El expediente tampoco prosperó y perdió estado parlamentario, al igual que otros proyectos presentados posteriormente desde distintos sectores opositores.
La diferencia en esta oportunidad es el origen político de la iniciativa. El nuevo proyecto lleva la firma de un diputado de Fuerza Patria, el espacio que integra el oficialismo bonaerense, y reabre una discusión históricamente promovida por sectores liberales y del PRO, en un contexto donde el uso de armas no letales ya forma parte de las políticas de seguridad implementadas en la Ciudad de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones.
