La investigación judicial que analiza los vínculos financieros entre el diputado nacional José Luis Espert y el empresario Federico “Fred” Machado sumó un nuevo capítulo. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó a declaración indagatoria al legislador para el próximo martes, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos.
La medida fue adoptada a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, quien sostiene que Espert habría recibido 200.000 dólares provenientes de una organización criminal transnacional vinculada a Machado, empresario aeronáutico que fue extraditado y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero. En la misma resolución también fueron convocados a declarar el contador del legislador, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza SA, considerada por los investigadores como una de las estructuras utilizadas en la operatoria bajo análisis.
Según la hipótesis de la fiscalía, el origen de la causa se encuentra en una transferencia de 200.000 dólares que ingresó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos. Para justificar esos fondos, el entonces economista y dirigente liberal presentó un contrato de asesoramiento con la firma minera guatemalteca Minas del Pueblo SA, representada por Machado. El acuerdo establecía la prestación de servicios de consultoría vinculados a la refinanciación de deudas, por un monto total de un millón de dólares a pagar en cuotas durante un año.
Sin embargo, los investigadores consideran que dicho contrato fue simulado y que habría sido utilizado para otorgar apariencia legal a fondos de origen ilícito. Entre los argumentos que sostienen esa sospecha figuran que ninguna de las partes se encontraba en Guatemala al momento de la supuesta firma del convenio, que Espert nunca viajó a ese país y que los emprendimientos mineros mencionados en la documentación no se encontraban operativos.
Las pruebas que analiza la fiscalía
La fiscalía también puso el foco en el destino que tuvieron los fondos recibidos. De acuerdo con el expediente, semanas después de la transferencia, Espert ordenó el envío de 50.000 dólares desde una cuenta en Morgan Stanley hacia una entidad bancaria argentina. Con ese dinero adquirió un automóvil BMW valuado en aproximadamente 47.800 dólares. Posteriormente, tras vender ese vehículo y sumar otros fondos, compró un Lexus RX 350 por casi 130.000 dólares.
Además, la investigación señala que parte del dinero habría sido utilizado para realizar aportes a un fideicomiso inmobiliario. La documentación incorporada a la causa indica que en febrero de 2025 la esposa de Espert suscribió el fideicomiso Costa Dunas, cercano a Pinamar, mediante un esquema que incluyó un anticipo superior a los 55.000 dólares y el pago de cuotas posteriores.
Mientras avanza el expediente, el diputado continúa imputado y mantiene medidas cautelares sobre su patrimonio. Entre ellas figuran la prohibición de innovar y el congelamiento preventivo de bienes y cuentas financieras. La declaración indagatoria representa uno de los pasos procesales más relevantes de la causa y suele constituir la instancia previa a una eventual definición sobre la situación procesal de los acusados.
La investigación tuvo repercusiones políticas desde sus inicios. Cuando trascendieron los pagos realizados por Machado, Espert era candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. La controversia generada por el caso derivó en su salida de aquella postulación, lugar que finalmente ocupó Diego Santilli. Más recientemente, el presidente Javier Milei salió en defensa del legislador y denunció que había sido víctima de una campaña de difamación, argumentando que fue cuestionado públicamente sin pruebas concluyentes.
