Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023, uno de los sectores más golpeados por la motosierra libertaria ha sido, sin duda, el de la obra pública. Bajo las consignas de “Estado cero” y libertad de mercado, el Gobierno suspendió prácticamente el 100% de los proyectos viales en ejecución, desfinanció al organismo encargado de mantener las rutas nacionales y dejó a cientos de trabajadores en la cuerda floja. En ese contexto de ajuste extremo, generó indignación una licitación reciente: Vialidad Nacional contrató por 2,4 millones de dólares un sistema de videovigilancia y control biométrico para monitorear a su personal administrativo.
La medida, confirmada por fuentes del organismo al medio El Destape, contempla la instalación de un molinete de ingreso, 13 pantallas digitales y un servicio de monitoreo con tecnología de inteligencia artificial, reconocimiento facial y seguimiento satelital durante dos años. La empresa adjudicataria fue Elipgo, un proveedor que figura como revendedor oficial de Starlink (propiedad de Elon Musk) y que competía con una sola oferente más. El contrato incluye la capacidad de leer hasta tres mil huellas diarias para una dotación máxima de mil personas, en dos edificios de Vialidad.
Del control satelital al bache con tierra
El contraste es brutal. Mientras la licitación avanza con pretensiones de “alta disponibilidad y estándares de ciberseguridad internacional”, las rutas nacionales se deterioran día a día, y trabajadores del organismo denuncian que ni siquiera cuentan con papel higiénico ni elementos de limpieza. “Esta licitación es una vigilanteada como no he visto jamás en mi vida”, señaló Graciela Aleñá, secretaria general del gremio de trabajadores viales (Stvyara). “No les importa la seguridad en las rutas, les importa ver quién sale a almorzar para después despedirlo”, disparó.
Los gremios sostienen que Vialidad pasó de ejecutar entre 2000 y 2500 obras por año a tener solo 60 activas en todo el país, muchas de ellas financiadas por organismos internacionales como el BID o la CAF. A su vez, reclaman que el impuesto a los combustibles que por ley debe destinarse a la mejora del sistema vial está siendo retenido por el Ministerio de Economía y usado para maquillar el supuesto equilibrio fiscal.
Esta situación fue eje de una denuncia penal ampliada este jueves por el sindicato STV, que se presentó ante el juzgado federal de Daniel Rafecas. Apuntan directamente contra el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, mano derecha de Luis Caputo, por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Alegan que la compra del sistema de vigilancia es una “prueba concreta” de que el Estado no carece de fondos, sino que los retiene de forma arbitraria, provocando el colapso de la infraestructura vial.
“La falta de asignación de recursos no es producto de una crisis o menor recaudación. Es una decisión política que ya está afectando la vida de la gente que transita por rutas destruidas”, señala la presentación judicial. Citan, como ejemplo, los siniestros ocurridos días atrás en la ruta nacional 12 a la altura de Ceibas, Entre Ríos, donde bomberos voluntarios tuvieron que tapar un bache con tierra por falta de insumos del Estado.
Mientras los salarios del personal están congelados desde noviembre de 2024, los cargos gerenciales designados por la gestión libertaria gozan de aumentos y horas extras. La denuncia también advierte que hay sanciones contra delegados sindicales que protestan por las condiciones de trabajo. “El objetivo es claro: disciplinar y vigilar. No es eficiencia, es persecución”, concluyen.
