El intendente de Pehuajó, el ultra K Pablo Zurro y el secretario de Obras Públicas municipal, Luis Enrique Fanti, están en la mira de la Justicia por haber tirado abajo unos galpones ferroviarios, todo en respuesta a una denuncia de la empresa transportadora de granos FerroExpreso Pampeano, del Grupo Techint.
“No voy a pedir disculpas por cumplir con mi deber y actuar rápidamente para evitar una desgracia. No voy a titubear a la hora de proteger a los vecinos de Pehuajó”, dijo Zurro a través de redes sociales.
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En esa línea, Zurro postuló que “ese galpón significaba un peligro cierto e inminente para los vecinos de Juan José Paso” y sentenció: “Prefiero ser perseguido a dejar que los vecinos del partido de Pehuajó corran peligro de sufrir lesiones o perder la vida por un derrumbe catastrófico”, por lo que aseguró que “ante un peligro cierto e inminente lo volvería a hacer”.
¿Qué pasó en Pehuajó y por qué acusan al intendente Pablo Zurro?
Como relató Infocielo, los hechos denunciados ocurrieron entre el 29 y 30 de mayo de 2021 según consta en el fallo judicial al que tuvo acceso este medio. La presentación ante la justicia, se produjo un día más tarde, luego que personal técnico de la compañía comprobara que en el lugar “no quedaban restos del galpón y había desaparecido”.
El edificio en cuestión, es un galpón de unos 1300 metros que forma parte del patrimonio del Estado Nacional. Fue cedido – junto a locomotoras, vagones, vías y talleres- para “su uso” durante la vigencia del contrato y que debe ser devuelto una vez finalizada la concesión del servicio.
Aunque en el momento del derrumbe no había materiales de acopio, desde Ferro Expreso advirtieron que la estructura poseía “materiales de alto valor económico por las toneladas de metal, madera y chapas”. Además, señalaron que frecuentemente era “arrendado para acopio de cereales embolsados”.
En base al material fílmico, videos y testimonios recolectados, la Justicia considera acreditada la “autoría de la destrucción del galpón y el posterior desapoderamiento de los restos” que fueron retirados del lugar por empleados municipales mediante el uso de maquinaria de la comuna y bajo la supervisión de las propias autoridades.
¿Qué delitos les imputa la Justicia y qué penas eventuales contempla?
Para los jueces federales de Junín, las autoridades municipales “destruyeron un bien mueble ejerciendo una fuerza inusual, incluso utilizando maquinaria y personal del municipio” y advierten que, una vez destruido el galpón, “sus restos fueron retirados del lugar, ignorándose su destino”.
Además aducen que los materiales “fueron retirados en presencia de los imputados o de sus dependientes y en consecuencia su responsabilidad no puede dejarse de lado”, en sintonía a la acusación de fiscalía.
En base a estos elementos, tanto el intendente Pablo Zurro como el secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Fanti, avaló la imputación por los delitos de acción pública tipificados como “daño en concurso ideal con robo”.
La tipificación de daño – Artículo 183 del CP- establece eventualmente una pena de prisión de “15 días a un año” por ejercerse un delito contra la propiedad y causar un detrimento patrimonial. En tanto, la figura de robo, contempla una posible pena que va de “1 a 6 años de prisión” cuando alguien se “apoderara ilegalmente de una cosa mueble con la fuerza de las cosas (quebrantar su resistencia material)”.
Además plantea que los hechos podrían constituir además el delito de “malversación de caudales públicos”. El fallo de procesamiento, da cuenta de un embargo preventivo por un millón de pesos a cada uno de los implicados.
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