Aunque el Gobierno insiste en exhibir la desaceleración inflacionaria como su principal logro económico, los propios informes oficiales empiezan a mostrar fisuras en es relato. Con una inflación mensual que cerró diciembre en torno al 28% y un promedio que parece haberse estabilizado cerca del 2,5%, el Banco Central admite que el proceso de desinflación no está garantizado y que el inicio del año viene cargado de riesgos.
En su último Informe de Política Monetaria (IPOM), la autoridad monetaria destacó que la inflación acumulada de 2025 se ubicó en 31,5%, el registro anual más bajo desde 2017, remarcó la fuerte desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos dos años. Sin embargo, el propio documento reconoce que ese sendero enfrenta amenazas concretas en el corto plazo y que el primer trimestre podría marcar una interrupción de la tendencia descendente.
Según el BCRA, el proceso de desinflación “enfrenta riesgos” asociados a factores estacionales y a cambios metodológicos en la medición del IPC que comenzarán a aplicarse desde enero, cuando el INDEC estrene una nueva canasta de consumo. A eso se suma la implementación del nuevo esquema de subsidios, que implicará subas en las tarifas de electricidad y gas, con impacto directo sobre los precios regulados.
Entre los factores que pueden presionar la inflación, el Banco Central enumera la estacionalidad en carnes y derivados entre noviembre y marzo, que afecta a la inflación núcleo, la corrección de tarifas residenciales por la readecuación de subsidios y los aumentos de marzo en Educación y Prendas de vestir, vinculados al inicio del ciclo lectivo y al cambio de temporada. Además, advierte que estos impactos transitorios estarán condicionados por los nuevos ponderadores del IPC, lo que introduce un margen adicional de incertidumbre.
Aún así, la entidad sostiene que, una vez superadas esas presiones coyunturales e “internalizados los cambios metodológicos” de la actualización del índice, la inflación retomaría la senda descendente. Según el BCRA, ese escenario se apoyaría en la continuidad del sesgo contractivo de la política monetaria, una mayor estabilidad cambiaria y la expectativa de que las negociaciones paritarias reflejen una menor inercia inflacionaria. Un pronóstico que, por ahora, convive con precios de alimentos, servicios, alquileres y prepagas que siguen ajustándose muy por encima de lo que prometía el Presidente, lejos de aquel 1% mensual que Javier Milei había puesto como objetivo.
Déficit cero, costo social alto
En paralelo al frente inflacionario, el mismo informe del Banco Central deja en claro que el ajuste fiscal no sólo no terminó, sino que se profundizará. El organismo anticipa que el Gobierno avanzará con nuevos recortes del gasto público, incluso después de haber consolidado un esquema de superávit primario. “Hacia delante, se espera que continúe el proceso de consolidación fiscal y que el Tesoro Nacional cuente con más y mejores opciones de financiamiento de sus compromisos locales y externos”, señala el documento, en referencia a un Presupuesto 2026 que proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI, una meta que, según el propio Banco Central, fue validada por los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado.
No obstante, el informe también advierte que ese equilibrio fiscal se sostiene sobre una estructura frágil. Dado que el Presupuesto fue aprobado sin derogar la ley de financiamiento universitario ni la emergencia en discapacidad, el BCRA reconoce que “será necesario recortar otros gastos, en particular aquellos cuyo ajuste no es automático, por un monto cercano a 0,5% del PIB”. En ese marco, enumera con claridad los sectores bajo presión: “los salarios, los subsidios, los planes sociales y los bienes y servicios”.
El diagnóstico se completa con una advertencia adicional: en caso de avanzar con la Ley de Modernización Laboral, el Banco Central señala que “los recursos destinados al financiamiento de la seguridad social podrían reducirse”, anticipando un nuevo reordenamiento, y ajuste, del esquema de ingresos y egresos del sistema. Todo esto se da en un contexto en el que el organismo espera una baja del riesgo país y mejores condiciones de financiamiento, un alivio financiero que no parece traducirse en una relajación del esfuerzo fiscal.
Los números de los últimos dos años confirman esa lógica. El superávit primario alcanzado se explicó casi exclusivamente por una fuerte contracción del gasto real, con recortes profundos en subsidios, transferencias y obra pública, además de una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios públicos. Mientras algunos sectores como la minería muestran señales acotadas de recuperación y con escaso derrame en empleo, industrias clave como la textil, la construcción y la automotriz atraviesan un escenario complejo, con bajo nivel de actividad y consumo deprimido.
Así, tras más de dos años de un esfuerzo significativo por parte de la sociedad, el propio Banco Central deja en claro que, para sostener el “déficit cero” que el Gobierno presenta como bandera, el ajuste seguirá siendo parte central del programa económico. Una estrategia que, mientras celebra la desaceleración inflacionaria, convive con precios que siguen presionando el bolsillo y con un modelo que parece no encontrar una salida que no pase, una vez más, por recortar.
