Al tiempo que las organizaciones sociales que conforman “Unidad Piquetera” mantienen el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en CABA con el reclamo de “trabajo genuino” y el “aumento de las partidas presupuestarias para planes de empleo”, en algunos municipios bonaerenses se replicó la medida de fuerza.
Un dato curioso es que todos ellos están gobernados por intendentes del PRO, que ya presentaron denuncias penales contra las organizaciones. Uno de los casos es el de Bahía Blanca a cargo de Héctor Gay, donde el Polo Obrero instaló las carpas el martes por la tarde, interrumpiendo el tránsito frente al palacio municipal. Eso derivó en la denuncia que presentó el municipio.
“El bloqueo dispuesto que no tiene ningún tipo de autorización municipal, (sino que) está vulnerando el derecho a la libertad de tránsito y laboral de las personas, por la interceptación ilegal de las unidades en las que circulan y resultan su medio de vida, además de poner en riesgo la salud de quienes no pueden concurrir a la clínica allí ubicada”, señalaron en un texto presentado por el representante legal, Maximiliano De Mira.
Según señalaron a Infocielo desde las organizaciones, el reclamo es por acceso al trabajo genuino, la equiparación de los salarios con la canasta básica, la reapertura y actualización de planes sociales, y alimentos para comedores.
En ese contexto, el secretario General de la comuna, Pablo Romera, reconoció que la situación social y económica “no da para más”, y que recibieron a los manifestantes, a quienes instaron a levantar el acampe. El funcionario también reclamó la presencia de los referentes locales del oficialismo, Federico Susbielles y Marcelo Feliú a quienes acusó de “mirar para otro lado”.
Otro de los acampes se desarrolló en la localidad de Mar del Plata, a cargo de Guillermo Montenegro. Allí, organizaciones de la Unidad Piquetera se instalaron en avenida Luro entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, con las mismas consignas que a nivel nacional.
Lorena Quieroga, de Libres del Sur, señaló a 0223 que el reclamo tiene como exigencias “trabajo genuino, sueldos dignos, refuerzo alimentario para comedores y merenderos para tener una dieta balanceada con alimentos de calidad”.
Ante esto, la comuna presentó la denuncia aduciendo la violación del artículo 194 del Código Penal que establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere el funcionamiento de los transporte por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido a tres meses a dos años de prisión”.
Lo mismo ocurrió en el municipio de Olavarría que conduce Ezequiel Galli, donde las delegadas de las asambleas de más de diez barrios de la ciudad decidieron prolongar la medida de lucha mediante el método de acampe.
“A dos años ya del histórico acampe que lleváramos adelante mediante la mesa de emergencia, el gobierno de Galli no genera ninguna mejora sustancial, en cambio nosotras seguimos organizándonos y generamos trabajo genuino en todas las unidades productivas que hoy estuvimos mostrando en esta jornada y que continuaremos mostrando mañana y pasado”, señalaron desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), a través de un comunicado.
En esa línea, desde las organizaciones denunciaron que el gobierno local “no promueve” su trabajo al no dejarlas participar en ferias ni ayudando con insumos o herramientas, por lo que confirmaron que seguirán en la plaza en el marco de la contienda nacional.
