La prolongada disputa entre la Municipalidad de General Madariaga y la firma Ecoplata, que manejó el predio de disposición final en el que vierten sus residuos las comunas de Villa Gesell y Pinamar, además de los locales, sumó un capítulo que complicó al gobierno de Carlos Santoro (Cambiemos) pero además expuso al Fiscal de Estado, Hernán Gómez.
Es que, por un pedido expreso de la Comuna, la Fiscalía, que debe tutelar los derechos de la Provincia, intervino para lograr una medida cautelar, para removiera a Ecoplata de la explotación del predio. El argumento era el impacto ambiental que provocaba a la comunidad el manejo de los residuos que hacía el privado.
TE PUEDE INTERESAR
El juez en primera instancia Marcelino Escobar falló a favor del planteo y en diciembre de 2018 Ecoplata fue desalojada del predio. El manejo de los residuos quedó a cargo de la Municipalidad que, como ya relató INFOCIELO, tampoco realizó los trabajos que deberían mitigar el impacto ambiental.
La empresa apeló la cautelar y obtuvo a fines de agosto un fallo a favor de parte de la Cámara de apelaciones de Mar del Plata, que integran los jueces Diego Ucín, Elio Riccitelli y Roberto Mora, y que consideró que el Fiscal de Estado carece de “legitimación activa” para “para demandar en los términos formulados en la pretensión de inicio”.
En consecuencia ordenó “dejar sin efecto la medida cautelar”. En llano: los jueces consideraron que fue la intervención del Fiscal de Estado, que actuó en defensa de un intendente que responde al oficialismo, lo que hizo caer la medida.
El fallo, que constituye un verdadero tirón de orejas para Gómez fue publicado en la página de la Suprema Corte Bonaerense, entre las “sentencias destacadas”. Intérpretes de las señales que se suelen enviar en el ámbito judicial, consideraron que hay un mensaje claro para que Gómez desista de apelar.
Pero más allá del ruido que la sentencia generó en los pasillos de Tribunales, hay consecuencias concretas para la municipalidad de Madariaga.
La sentencia contiene elementos explosivos que encendieron señales de alerta en todo el distrito. El camarista Diego Ucín consideró en su intervención que “no existe daño ambiental ni peligro en la demora que pueda justificar el dictado de una medida como la impugnada” y que el planteo “obedece a una oscura intención estatal de apoderarse del establecimiento comercial de Ecoplata S.A. y de la familia Tiberio sin abonar indemnización alguna y sin que exista expropiación”.
Ahora, con el fallo la mano, se prevé que Ecoplata pida al juez en primera instancia que ordene el desalojo a la municipalidad y restituya al privado en su lugar, al menos hasta que se expida sobre la “cuestión de fondo”.
La falta de legitimación del Fiscal de Estado corre para esta instancia, lo cual ya ensombrece el panorama para la gestión de Santoro. Pero puede ponerse peor: cuando tome las riendas del predio, el privado puede verificar –como presupone- que la Comuna no llevó adelante ningún tipo de tareas para mitigar el impacto ambiental.
Y puede retomar los trabajos que dejó inconcluso cuando fue corrido de la operación, entre ellos la construcción de un galpón para implementar la separación de residuos y disminuir la cantidad que llega a disposición final. Un paso pequeño pero que va en la dirección correcta en materia de cuidado del ambiente y de la sustentabilidad del predio.
TE PUEDE INTERESAR
