Las pensiones por invalidez -el único recurso económico al que pueden acceder personas con discapacidad y no consiguen acceder al mercado laboral-, configuran una enorme deuda del Estado bonaerense, que, haciendo caso omiso de sus propias leyes, no actualiza sus montos desde hace más de 10 años.
Así lo denunció recientemente la exdiputada nacional Gabriela Troiano, quien viene impulsando iniciativas para llegar con los recursos del Estado -también el nacional- a aquellos que más lo necesitan, especialmente en un contexto complejo a partir de la explosión del COVID 19. “En un contexto de pandemia, las personas con discapacidades sufren el doble”, aseguró en declaraciones a Todo no se puede, al aire de LA CIELO.
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Troiano tiene razón. Las pensiones “por invalidez” se instauraron en la provincia de Buenos Aires en 1984 y se destinaron a personas mayores de 21 años “incapacitadas total y permanentemente para el trabajo” que cumplan una serie de requisitos -residencia de 5 años en el país, residencia en el territorio de la Provincia, estar excluido de otro tipo de beneficios, entre otros.
El artículo 9 de la ley que las crea establece las características de la asignación y los montos: tienen carácter “vitalicio” y el equivalente “al setenta (70) por ciento del haber jubilatorio mínimo vigente para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires”, es decir unos 7.300 pesos al día de hoy.
Sin embargo, el beneficio es de apenas la décima parte: 860 pesos para mayores de edad y 1.200 pesos para menores. Y, contrariamente a lo que establece la ley, que fija en el mismo artículo aumentos “automáticamente reajustados toda vez que se incrementen los referidos haberes jubilatorios mínimos”, no se actualiza desde hace una década.
Es que el IPS se maneja con el texto original de la ley, ignorando los cambios introducidos por la 14.666, sancionada en noviembre de 2014, que incluyó la obligación de actualizar automáticamente el beneficio. “Ese artículo se ignora, como se olvida la Convención”, sostuvo Troiano, que es titular de la Comisión de Discapacidad del Partido Socialista.
Desde la última actualización pasaron tres gobernadores; dos con sus mandatos completos –Daniel Scioli y María Eugenia Vidal– y uno que recién comienza, el de Axel Kicillof, que en ocho meses de gestión no abordó públicamente el tema. Las nuevas autoridades del IPS, encabezadas por Eduardo Santín, tampoco se hicieron eco de pedidos particulares.
Se estima que el IPS otorga cerca de 13 mil pensiones no contributivas, entre las que se cuentan las pensiones por invalidez. El régimen provincial coexiste con un régimen nacional que sí se actualiza y cuyo monto -equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima- se ubica en torno a los 12 mil pesos.
Cualquier persona en condiciones de solicitar una pensión puede hacerlo en la Provincia o en la Nación. Pero no es tan sencillo: a quien lo haga a través de ANSES, le corresponderá la cobertura de Incluir Salud. A quien lo tramite por el IPS, le tocará IOMA.
Tanto Troiano como distintas ONG vinculadas al tema intentaron comunicarse con Santin y con el propio Axel Kicillof, a través de notas en las que recordaron a ambos funcionarios que la situación actual es violatoria de lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional en nuestro país (Ley Nacional 27.044). Como no obtuvieron respuestas, movilizaron un amparo colectivo, que ingresó la última semana.
“Hay un desinterés político y un desconocimiento enorme”, aseguró ante la consulta de INFOCIELO Julián Vázquez, presidente de la Asociación Azul, una de las ONG que impulsan el reclamo judicial. “Le dan el IFE a todo el mundo, sin discriminar, pero a las personas con discapacidad no, por eso las asociaciones estamos impulsando una demanda por eso también”.
“A las pensiones, que es un tema gravísimo, para los que estamos a cargo de nuestros padres, sumale el tema del atraso de las legislaciones y los sueldos de los asistentes”, agregó.
La referencia es para los llamados “acompañantes terapéuticos”, cuyas remuneraciones, a cargo de IOMA, son un reclamo permanente que se agravó con la pandemia. “¿Cómo hago para mantener a un chico que recién empieza y le tengo que pedir que me espere, que me aguante?”, se preguntó.
Los reclamos llegan también al Gobierno nacional. Troiano impulsa un reclamo para que la entrega de las Tarjetas Alimentar y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) amparen a personas con discapacidad. “El IFE, como sabemos, se creó específicamente para la pandemia el 23 de marzo. Sólo incorporó a la ayuda universal con hijo, y dentro de ellos, a los que tienen discapacidades”, detalló, a la vez que subrayó que, de esa manera, “quedan afuera las personas con discapacidad que cobran estas pensiones y están en situacion de pandemia”.
“El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que se encarga de la Tarjeta Alimentar, dijo que su voluntad incorporarlas, pero requiere presupuesto. Sabemos que la Cámara de Diputados hizo una ampliación de presupuesto que está en el Senado”, narró Troiano en LA CIELO. Se espera que una vez que se convierta en Ley los beneficios empiecen a llegar, ahora sí, a todos.
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