El Gobierno de Javier Milei avanzó con su política de ajuste y este martes anunció el despido de más de 2.400 empleados dependientes del Ministerio de Justicia. La medida, que forma parte de un recorte más amplio en la estructura estatal, afecta directamente a trabajadores que habían sido contratados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, los empleados despedidos habían sido incorporados de manera “irregular”, por fuera del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). “El Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público”, sostuvo Adorni en su habitual conferencia de prensa.
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Además de los despidos, el Gobierno decidió eliminar los “incentivos” que recibía el personal del Ministerio de Justicia, lo que representaba un gasto anual de 15.600 millones de pesos. De acuerdo con el portavoz presidencial, estos fondos “en un principio estaban destinados a capacitación, pero se transformaron en una suma adicional al salario sin que las capacitaciones realmente existieran”. Adorni justificó la medida como parte del plan de austeridad de la administración de Milei, que busca erradicar “cajas” y “curros” heredados del sistema.
La decisión de recortar contratos y beneficios no sorprendió, ya que desde hace meses el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había anticipado la necesidad de una “reforma profunda”. “Vamos a seguir cerrando registros, como prometimos, pero queremos encarar una reforma de fondo del sistema”, declaró en julio pasado. Sin embargo, la noticia generó un fuerte rechazo por parte de los sindicatos, que denunciaron un “ataque directo a los trabajadores”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había alertado en noviembre sobre la situación de los empleados del Ministerio de Justicia, quienes, según el gremio, estaban siendo “perseguidos” y presionados para aceptar contratos precarios.
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En su discurso del 10 de diciembre, Milei reafirmó su compromiso con la reestructuración estatal y los recortes en el empleo público. “Echamos a 34.000 empleados públicos y les estamos tomando examen de idoneidad a los demás”, sostuvo el presidente, destacando que su gobierno busca eliminar “privilegios” y promover un Estado “eficiente”.
Ante este escenario, los trabajadores del Ministerio de Justicia comenzaron a organizar asambleas y exigieron respuestas a los gremios ATE y UPCN, quienes ya preparan estrategias para enfrentar los despidos y defender los derechos laborales de los empleados afectados. Mientras tanto, la incertidumbre crece en el sector público, tradicionalmente considerado una fuente de estabilidad laboral en el país.
