En un contexto de creciente tensión entre los municipios y el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, más de 150 intendentes de todo el país se movilizaron hacia el Ministerio de Economía para exigir medidas urgentes frente al impacto del ajuste en las economías locales. La jornada incluyó la presentación de un documento dirigido al ministro Luis Caputo, en el que reclamaron la reactivación de la obra pública, el freno a los recortes y una revisión del precio de los combustibles.
Entre los participantes estuvo el intendente de Chascomús, Javier Gastón, quien formó parte de una comitiva integrada por más de 200 jefes comunales, junto a funcionarios bonaerenses como Gabriel Katopodis y Carlos Bianco. Allí advirtieron que las políticas económicas actuales tienen un impacto directo sobre la vida cotidiana en cada distrito.
“No vamos a bajar los brazos”, afirmó Gastón, al tiempo que sostuvo que “no es una discusión técnica, es una decisión política”, en referencia a las medidas nacionales. Según planteó, el aumento del combustible, la caída del consumo y la paralización de la obra pública afectan de lleno a las comunidades, obligando a los municipios a redoblar esfuerzos para sostener servicios esenciales.
Municipios en primera línea: más demanda, menos recursos
El jefe comunal detalló que la Municipalidad destina actualmente más de 95 millones de pesos mensuales para garantizar insumos médicos, medicamentos, oxígeno y el funcionamiento del sistema sanitario local. Se trata de una cifra que se multiplicó en el último año, pasando de unos 20 millones en febrero de 2024 a cerca de 70 millones en 2025, evidenciando el deterioro del contexto económico.
A la par, los indicadores sociales muestran un fuerte agravamiento: la demanda laboral creció más de un 25%, la asistencia alimentaria se disparó cerca de un 1000% y ya son más de 1.500 las familias acompañadas por el municipio. También aumentaron los pedidos de ayuda para alquileres y materiales, mientras que el 44% de las consultas en la OMIC están vinculadas a deudas.
“Los intendentes estamos gestionando la angustia de nuestra gente”, resumió Gastón, al describir un escenario en el que el Estado local se convierte en la primera respuesta frente a la crisis.
El caso Castelli: atención gratuita para jubilados ante el retroceso del PAMI
En paralelo a estos reclamos, algunos intendentes comenzaron a tomar medidas directas para cubrir lo que consideran un vacío del sistema nacional. Es el caso del intendente de Castelli, Francisco Echarren, quien anunció la apertura del hospital municipal para atender de manera gratuita a más de 2.500 jubilados.
“Mientras Milei abandona a los jubilados, en Castelli nos hacemos cargo”, expresó el jefe comunal, en un mensaje difundido en redes sociales. La decisión apunta a garantizar atención médica y medicamentos que, según denunció, dejaron de ser cubiertos por el PAMI.
En un video, Echarren advirtió sobre una situación “gravísima” que podría afectar a millones de jubilados en todo el país. Allí sostuvo que “la cadena de pagos está rota” y que programas como Remediar “desaparecieron”, lo que pone en riesgo tanto la atención como el acceso a tratamientos.
Frente a ese panorama, el municipio decidió absorber el costo: “Estamos invirtiendo más de 200 millones extras en farmacia para cubrir tratamientos que Milei les quitó”, afirmó. Y agregó: “No vamos a permitir que un vecino tenga que elegir entre comer o comprar sus remedios”.
Un reclamo que escala y un rol que se redefine
El documento presentado ante Economía advierte sobre la combinación de factores que golpea a los municipios: caída de recursos, aumento de la demanda social y paralización de la obra pública. En ese marco, los intendentes remarcan que son la primera línea de contención frente a la crisis.
“Estamos todos los días acompañando, conteniendo y dando respuestas donde más se siente”, sostuvo Gastón, quien además reafirmó el compromiso de su gestión para sostener políticas públicas esenciales.
La situación expone una tendencia que empieza a repetirse en distintos distritos: ante el retroceso de programas nacionales y el ajuste fiscal, los gobiernos locales amplían su rol, incluso en áreas tradicionalmente cubiertas por la Nación.
Así, mientras crecen los reclamos institucionales, también avanzan decisiones concretas en el territorio. El denominador común es claro: en medio del ajuste, los municipios buscan evitar que el impacto recaiga, una vez más, sobre los sectores más vulnerables, en particular los jubilados.
