Los colegios de gestión privada que trabajan con estudiantes con discapacidad advierten que atraviesan una situación crítica, agravada por el congelamiento de aranceles, las demoras en los pagos y la falta de actualización del nomenclador nacional. En este contexto, expresaron su apoyo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobado recientemente en el Congreso y ahora en riesgo por un posible veto presidencial a manos de Javier Milei.
Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que nuclea a más de un centenar de servicios educativos en todo el país, alertan que el tema no puede quedar atrapado en disputas políticas. “Lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”, afirmaron en un comunicado.
“El sistema está al borde del colapso”
Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA, explicó que el desfase entre los costos reales y los ingresos percibidos supera el 70%. “Nuestros principales gastos —como los salarios docentes— se actualizan con regularidad. Pero los aranceles que cobramos están congelados desde diciembre de 2024. Estamos trabajando con ingresos de hace ocho meses, con una inflación que no para”, señaló.
Además del congelamiento, las instituciones enfrentan retrasos sistemáticos en los pagos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, que liquida las prestaciones con hasta 90 días de demora. Esto hace inviable sostener el funcionamiento cotidiano de las escuelas: pago de sueldos, servicios, insumos básicos y mantenimiento de instalaciones.
“La emergencia en discapacidad no es solo un tema administrativo. Es una cuestión clave para sostener los servicios. Sin una solución estructural e inmediata, se ven afectados nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo la inclusión y la dignidad de una de las poblaciones más vulnerables del país”, advirtió Giorgi.
Más allá de las escuelas especiales: la trama invisible
La preocupación no se limita a las escuelas especiales. Miles de niños con discapacidad que asisten a escuelas comunes también requieren apoyos indispensables —maestros integradores, terapistas, psicopedagogos— que hoy están desbordados o directamente imposibilitados de trabajar por falta de condiciones mínimas. “Sin una mejora urgente en los honorarios y condiciones laborales, estos profesionales no pueden sostener su tarea. Y eso deja a los chicos desprotegidos dentro del sistema educativo”, explicó Giorgi.
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El conflicto se originó a fines de 2024, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles del sector. Desde entonces, la brecha entre costos y financiamiento se profundizó. Algunas instituciones redujeron servicios; otras evalúan cerrar. La mayoría opera con déficit.
“Si la ley finalmente no avanza, las instituciones seguirán con ingresos congelados, sin poder afrontar los costos de funcionamiento. Eso pone en riesgo puestos de trabajo docentes y también la continuidad de muchas escuelas especiales”, remarcó Giorgi.
Casos concretos: cuando el esfuerzo no alcanza
Desde La Matanza, Alejandra Luciani —representante legal del centro educativo Portal del Sol— describió un escenario preocupante: “Vivimos una emergencia. La red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada. Las decisiones que traban certificados, congelan valores y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”.
Su escuela ofrece jornada extendida y comedor. Pero mientras los gastos se multiplican, los ingresos permanecen estáticos. “El Estado tiene un rol indelegable. Las personas con discapacidad no parten del mismo lugar. Necesitan apoyos para equiparar condiciones. Hoy, muchas familias hacen grandes esfuerzos sin tener garantizado lo más básico”, señaló.
En Mercedes, la directora de Vamos Creciendo, Elena Sequeira, también dio cuenta de la emergencia. Las deudas por prestaciones superan los 278 millones de pesos. Los pagos llegan con hasta 120 días de demora. “Una sesión de fonoaudiología se paga $12.370. Pero los chicos necesitan varias por semana, además de otros gastos como transporte, ortopedia o medicamentos. El sistema es inviable”, explicó.
Las autorizaciones, además, tardan meses. “Las familias presentan presupuestos en diciembre y las autorizaciones llegan en junio. Se factura recién entonces, y se cobra —con suerte— en septiembre. ¿Quién puede sostener un servicio con esa lógica?”, cuestionó Sequeira.
También reclamó una reformulación de la Agencia Nacional de Discapacidad: “Necesitamos un organismo ágil, transparente y con capacidad real de auditoría. No estamos reclamando caridad. Estamos exigiendo derechos que están respaldados por la ley”.
